La oposición pide la devolución de la ley de Costas al Gobierno

Todos los grupos de la oposición, a excepción de Izquierda Unida, rechazaron ayer la ley de Costas por entender que viola las competencias de las comunidades autónomas, desconoce los derechos de los particulares que tienen situaciones consolidadas y deja al Gobierno un gran margen de discrecionalidad. Si el proyecto de ley no se modifica en los trámites parlamentarios sucesivos, los grupos de oposición recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional.

Los argumentos de éstos -siete grupos enmendaron la ley a la totalidad y pidieron su devolución al Gobierno- fueron rechazados por el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, para quien la ley pretende poner fin a los desmanes que se han cometido en las costas españolas y aunque en muchas zonas la degradación es irreversible al menos se intentará que no continúe el deterioro.La ley comienza por afirmar que las costas son bienes de dominio público estatal y establece unas llamadas "servidumbres" según las cuales se determina una zona de protección de 100 metros en la que sólo se permitirán actividades vinculadas con el mar. Se habilitará el sistema de concesiones para estas actividades con plazos limitados, que no podrán superar los 30 años. El régimen sancionador "se agiliza" y se amplian las multas hasta un máximo de 200 millones.Para respetar las situaciones actuales la nueva servidumbre de protección de 100 metros sólo se aplicará a los terrenos no urbanizables y urbanizables no programados, reduciéndose a la actual servidumbre de 20 metros para los suelos urbanos y urbanizables.Sin indemnizaciónOtra servidumbre es la de tránsito, que recaerá sobre una franja de seis metros, que deberá dejarse expedita para el paso público peatonal. En lugares de tránsito difícil dicha anchura podrá ampliarse hasta 20 metros. En las zonas urbanas y urbanizables habrá una distancia de 500 metros como máximo entre el acceso al mar y el tráfico rodado y 200 metros para las peatonales.

Las solicitudes de autorización para una actividad de explotación de temporada en las playas, que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas por los Ayuntamientos. Todas las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración sin derecho a indemnización cuando resulte incompatible con la normativa.

A pesar de que el ministro -tuvo que escuchar cómo siete portavoces pedían la devolución de la ley- aseguró que se respetaban los derechos adquiridos y las competencias de las comunidades autónomas, estos fueron precisamente los argumentos que utilizó la oposición para criticar la ley y serán la base de un posible recurso de inconstitucionalidad que promovería Minoría Catalana y que tendría la adhesión de los demás a excepción de Izquierda Unida.

El portavoz de AP, Juan Ramón Calero, enumeró hasta 14 argumentos para rechazar la ley. Miquel Roca, de Minoría Catalana, aseguró que el PSOE confunde el dominio con la competencia y que la ley refuerza la discrecionalidad de la Administración y las tendencias centralistas.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, citó hasta siete competencias de Euskadi presuntamente vulneradas por esta ley. En parecidos términos se manifestaron los portavoces de los demás grupos parlamentarios.