La amnistía de los objetores

LA OPOSICIÓN frontal de las organizaciones de objetores a la ley de Objeción de Conciencia y al reglamento que establece la prestación social sustitutoria del servicio militar ha venido seguida en estos momentos por un problema que no por cuyuntural deja de tener su importancia: qué hacer con los 24.000 objetores que se han ido acumulando en estos años a la espera de que el Gobierno diera una solución definitiva a esta cuestión. Ni el Estado dispone de infraestructura suficiente para acoger tal avalancha ni es justo que con tanto retraso se exija ahora el cumplimiento de un servicio que ocasionaría, con seguridad, graves quebrantos en los planes de vida de estos jóvenes.El ministro de Justicia ha manifestado públicamente la "predisposición favorable" del Gobierno a encontrar una solución. Ésta no debería ser otra que la total condonación de la prestación social sustitutoria a quienes por causas no imputables a ellos se han visto impedidos de prestarla en su momento. Desde que en diciembre de 1984 entró en vigor la ley de Objeción de Conciencia y hasta la aprobación por el Gobierno, el pasado día 15 de enero, del reglamento que pone en marcha la prestación social sustitutoria del servicio militar, estos miles de jóvenes han permanecido bajo la más absoluta inseguridad vital.

La tardanza gubernamental en poner en marcha este servicio no puede volverse contra estos jóvenes. Exigirles ahora, cuando ya muchos de ellos han conseguido situaciones consolidadas en el terreno laboral y familiar, que interrumpan durante nada menos que un año y medio sus obligaciones y compromisos sería como colocarles ante este inhumano dilema: la desobediencia o la aceptación resignada de una tarea que con toda probabilidad ocasionaría una grave rémora en su proceso de integración en la sociedad. Una y otra opción, además de inaceptables para estos jóvenes, son injustas, pues ni política ni aun legalmente sería correcto echarles el Código Penal encima ni ninguna autoridad está legitimada a ponerles en una situación atentatoria contra sus derechos personales.

En estos momentos, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, organismo que tiene a su cargo la gestión e inspección del servicio de objeción de conciencia, ultima los preparativos necesarios para poner en pie la infraestructura de la prestación social sustitutoria del servicio militar. En junio próximo se espera haber concluido acuerdos con los organismos públicos o privados dispuestos a acoger a los objetores. Renfe estaría dispuesta a recibir en sus servicios sociales y sanitarios a 1.000 objetores; la Cruz Roja, a otros 1.000; el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), a 500, y Protección Civil, a 190. También negocian la acogida de un cupo de objetores el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), Cáritas y organismos de la Administración autónoma. Con ello se espera poder hacer frente a la actual demanda, que se cifra en unos 5.000 objetores anuales, es decir, el 2% de los jóvenes que cada año son llamados a filas. De aquí a junio, en que previsiblemente se incorporará el primer contingente de objetores al servicio civil, el Gobierno deberá encontrar una salida a la situación anómala en que se encuentran los 24.000 objetores reconocidos en los últimos años. El Gobierno ha previsto en una disposición transitoria del reglamento la posibilidad de que este amplio grupo de objetores solicite la exclusión, el aplazamiento o la exención de la prestación social. Pero si la flexibilidad de quienes apliquen esta norma no fuera suficiente, el Gobierno tiene el deber de resolver el problema.