La reforma de la bolsa

TRAS UN largo proceso de gestación, la ley de Reforma del Mercado de Valores ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y enviada a las Cortes para su discusión. Desde que se inició el proceso de redacción hasta su entrada en vigor, que no será antes del otoño próximo, habrán pasado casi dos años, lo que da idea de las dificultades e inercias de nuestro proceso legislativo. Durante este período, el panorama bursátil internacional ha sufrido profundas modificaciones, que van desde la reforma de la Bolsa de Londres hasta la caída de las cotizaciones en Wall Street.En las economías de mercado, las bolsas de valores desempeñan, como regla general, un importante papel en la canalización del ahorro de los particulares hacia la inversión productiva. Su función básica consiste en asegurar que este proceso se desarrolla de una manera ordenada y eficiente, lo cual plantea el doble problema de la transparencia y la organización de los mercados bursátiles. En cuanto al primero, los ahorradores tienen derecho a exigir que el proceso mediante el cual su dinero se intercambia por títulos financieros se desarrolle conforme a unas reglas que garanticen la igualdad de oportunidades para todo el mundo, y que fomenten la competencia entre los intermediarios, con objeto de evitar situaciones de privilegio en el proceso de formación de los precios. Lo menos que puede decirse es que hasta ahora estos requisitos básicos de todo mercado no se han dado, o se han dado sólo parcialmente, en las bolsas españolas. La utilización abusiva de información reservada no estaba prohibida en la legislación española, lo cual ha favorecido la realización de operaciones que en otros países habrían llevado a la cárcel a sus promotores. Por otra parte, la situación de los agentes de cambio y bolsa, en su doble papel de fedatarios e intermediarios, no tiene parangón en las bolsas de los países industrializados. Con buen sentido, la nueva ley pretende acabar con esta situación, prohibiendo el tráfico de información y organizando la intermediación en los mercados de valores según los criterios que prevalecen en los países más avanzados.

Este punto ha despertado una serie de polémicas, así como la propuesta de creación de una comisión nacional del mercado de valores formada por personalidades independientes nombradas por los poderes públicos. El punto que ha levantado las mayores polémicas ha sido la exclusión de esta comisión de los agentes de cambio y bolsa, que hasta ahora han monopolizado las llamadas juntas sindicales de las bolsas españolas. Sin embargo, él control de los merca dos por parte de un organismo independiente de los propios operadores se justifica plenamente si de lo que se trata es de garantizar la imparcialidad de los mecanismos de intermediación. Las recientes resoluciones sobre las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) presentadas por el Banco de Bilbao, primero, y por el Banesto, después, rechazando la primera sin posibilidad de discusión y admitiendo la segunda con una rectificación importante de por medio, explican la necesidad de la existencia de mecanismos imparciales. La situación actual, que permite que los presidentes de las juntas sindicales mantengan sus propias sociedades de intermediación en la bolsa, tampoco es homologable en el mundo occidental. Una cosa es encontrar sistemas de representación de los intereses corporativos y otra muy distinta colocar estos intereses en el corazón del sistema.

Por lo demás, la propia reforma forma parte de una carrera contra reloj en la que es muy dificil prever lo que sucederá más allá de 1992. La libertad de prestación de servicios en los países de la Comunidad Europea implicará, en este dominio, la posibilidad de que se instalen en España intermediarios de otros países comunitarios, lo cual supondrá una alteración sustancial de las reglas del juego, especialmente si se toma en consideración la potencia financiera de algunos de éstos. Hay quienes creen que esta evolución podrá frenarse y que el Mercado Común se detendrá a la puerta de sus intereses. Pero se trata de un sueño irrealizable: la dinámica del Acta única implica un mercado europeo unificado tanto para los intercambios de mercancías como para los de servicios. De aquí a 1992, los partícipes en las bolsas españolas tienen el tiempo justo para organizarse y actuar. La nueva ley proporciona un marco mucho mejor que el actual para esta nueva fase de la modernización del sistema financiero español, y sería una lástima que los interesados no supieran aprovecharlo.