Sus señorías tienen la palabra

El Gobierno se ha rendido a la evidencia. Reconforta comprobar que de vez en cuando las denuncias formuladas por los ciudadanos no caen en saco roto. La afortunada decisión del Congreso es una ocasión histórica de poner coto a la dolorosa lista de desaguisados españoles en Guinea Ecuatorial. ¿Volverá a ser una nueva oportunidad perdida? Sus señorías tienen la palabra.Todo va a depender de las molestias que quiera tomarse la comisión, de su sagacidad y de una buena dosis de habilidad para no quedar atrapados también en la pegajosa tela de araña que ha tejido el poderoso grupo económico con intereses en la ex colonia. Y es que si la comisión no se limita a analizar la situación actual del régimen del general Obiang en conexión con las elecciones anunciadas, sino que se empeña además en un análisis riguroso del papel jugado por la España oficial desde 1979, podrá comprobar:

- Hasta qué punto la despreocupación política ha posibilitado que opere a sus anchas, con espectaculares beneficios, un grupo mafioso bien arropado en la metrópoli por importantes conexiones político-económicas ucedistas y socialistas.

- Cómo se ha tejido una tupida tela de araña, que aprisiona y amordaza, en la confusión y en la impotencia, incluso a quienes nada han ganado ni nada tienen que perder.

- Que la corrupción que esteriliza el incipiente proceso productivo de Guinea Ecuatorial tiene su origen en España y, en muchos casos, en instituciones y empresas públicas.

- Las catastróficas consecuencias para un país del Tercer Mundo de actuaciones u omisiones de un Gobierno extranjero que, al abrigo de un programa de ayuda, han violado normas elementales del Derecho Internacional del Desarrollo.

- Que carece de sentido -salvo por razones de oportunismo o/y connivencia con la situación- hacer caso omiso de esas condiciones objetivas que saltan a la vista en Guinea y formalizar, como se ha hecho desde 1985, un Plan Marco de Cooperación que no sólo no las modifica sino que las potencia.

Guinea Ecuatorial, la otrora codiciada del golfo, ha vuelto a serlo en los últimos años en el sentido más castizo del término. Y ello por tres razones principales:

- La existencia, tolerada y en gran medida impuesta por España, de un mercado negro monetario en el que hasta 1985 se podía comprar la moneda local 10 veces más barata que en el oficial, con las ventajas imaginables para empresas, embajadas e instituciones extranjeras, que, por imperativo legal, justifican sus operaciones al cambio oficial.

- Las facilidades del Guinextebank -controlado de iure y de facto por el Banco Exterior de España- para conceder, según afirman sus dos auditorías, créditos con dinero público destinado al desarrollo sin mostrar un excesivo celo por su correcta documentación, afectación real al proyecto propuesto y posterior reembolso.

- La posibilidad real de obtener cuantiosos beneficios eludiendo la inversión de los créditos, vendiendo mercancías de desecho o medicinas caducadas, siendo adjudicatarios de suculentas obras generosamente presupuestadas con cargo a programas de cooperación y carentes de todo control de calidad..., haciendo, en suma, lo que en español guineano se llama guru-guru.

Sus señorías perpetuarán de facto la calificación franquista de materia reservada y prestarán un flaco servicio al pueblo guineano si, al hilo de lo anterior, no se formulan -y nos cuentan las respuestas- algunas de las siguientes preguntas: ¿cómo se explica que los Gobiernos españoles hayan fomentado el mercado negro al no condicionar su ayuda a la fijación de un tipo de cambio más real entre peseta y ecuele, cuando es evidente que la economía guineana estaba en sus manos? ¿A cuánto ascienden los fondos destinados a la ayuda a Guinea que han sido justificados en moneda local? ¿Hay constancia documental fidedigna de que tales fondos se han cambiado en instituciones bancarias al tipo oficial? Si no es así, ¿cuál es el montante de los cambios no documentados, esto es, cambiados en el mercado negro? ¿Qué cambio se ha declarado en cada ocasión? ¿Se ajustan los tipos declarados al curso real de la moneda? ¿Qué destino ha dado la Administración a ese millonario fondo de reptiles?...

Por otro lado, la lectura detenida de las dos auditorías del Guinextebank -confío en que sus señorías tengan acceso a ellas- suscita también buen número de interrogantes a partir del momento en que se confirma que los beneficiarios, con mucho, de la mala gestión del banco han sido determinados empresarios españoles con conocidas conexiones políticas.

En otro orden de cosas, el inexplicable silencio de tantos y tantos cooperantes ante tan graves y evidentes anomalías ¿no será atribuible, como reiteradamente se ha denunciado, a la coacción ejercida por Asuntos Exteriores a unos ciudadanos que han carecido de las más mínimas garantías jurídicas de un estatuto del cooperante por el que nadie se ha interesado hasta el momento?

La conclusión final no debería perjudicar a los guineanos. No puede ser en ningún caso la merma de la ayuda, sino, por el contrario, la seria advertencia a los Gobiernos, al español y al guineano, para que no continúen jugando alegremente con la vida y la muerte de los ciudadanos.