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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Guinea y España

A MEDIDA que pasa el tiempo se van haciendo más complejos los problemas políticos y económicos de Guinea Ecuatorial y más difícil la evolución de sus relaciones con la antigua metrópoli, España. La construcción del Estado ecuatoguineano ha pasado por fases traumáticas. El país tuvo la mala fortuna de empezar su vida independiente con un presidente, Macías, que a su locura y despotismo unía rencores tribales aún más llenos de demencia. A ello se sumó la incapacidad genérica del entonces Gobierno español para guiar discreta y delicadamente, como debería haber ocurrido en aquellos momentos de balbuceo político, los pasos del nuevo país y facilitar su evolución desde un sistema tribal a otro de una cierta organización política. Macías y España sumieron a Guinea en la esquizofrenia.El presidente Obiang, que derrocó a Macías mediante un golpe de Estado, dentro de los límites de una evolución dificilísima, ha hecho una labor meritoria al frente de su nación. Ahora le toca dar un paso más: convocar elecciones presidenciales el año que viene y permitir el libre juego de los partidos. En este sentido, es una buena noticia que el Partido del Progreso, de Severo Moto, firmemente apoyado en la Democracia Cristiana europea, haya anunciado el regreso a Malabo. En esta tarea de construcción y aggiornamento del Estado, Obiang está ahora solo y no debe contar, en el futuro, con la ayuda de España. Ello es normal: si se quiere que un sistema político sea libre, la experiencia enseña que hay que construirlo sin intervención exterior, lo que no quiere decir que no se deba o pueda contar con la solidaridad y el impulso, moral o económico, de los amigos.

Mientras tanto, empeora la relación de Guinea Ecuatorial con España a la hora de recibir asistencia al desarrollo económico. La cooperación española ha sido y sigue siendo sensiblera, dispendiosa para el bolsillo del contribuyente y absolutamente inútil para el enderezamiento de la economía ecuatoguineana. Sería necesario examinar en profundidad el esfuerzo cooperador de España, ejercido a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), para averiguar dónde están las raíces de tal fracaso, pero probablemente no le es ajeno un antiimperialismo distorsionado y una política de ayuda a fondo perdido que excluye cualquier filosofía inversora seria.

Han sido cosas tan primitivas y elementales como prestar dos Aviocar que acabarán volviendo a España por falta de quién los maneje, en lugar de formar tripulaciones nativas; permitir la quiebra del Guinextebank en vez de imponer disciplina económica y financiera; prestar oído indiscriminado a las quejas de incomprensión de negociantes, antes que comprender que detrás de ellas se escondían la mala administración y la mendacidad sin freno; gastar dinero del contribuyente español a manos llenas sin atreverse a exigir rentabilidad a cada inversión, por el mal entendido pudor de que no puede pedirse una cuenta de resultados cuando se está regalando algo. Simultáneamente, la cooperación ha carecido de la más elemental serie dad y capacidad técnica.

No sorprende que, sin poner en tela de juicio su acendrado españolismo, Guinea Ecuatorial, a tientas y no sin inocente torpeza, haya buscado disciplina en la única otra oferta posible: la del área francófona del África central. Dura medicina, porque, aparte de imponérsele los controles económicos y financieros que nunca le exigió España, los ecuatoguineanos comprueban que se les niega el dinero sin restricciones a que estaban acostumbrados y que, además, empresas francesas acabarán consiguiendo quedarse con la explotación comercial de servicios tan esenciales como los aeropuertos o la televisión.

Aunque la cuestión no puede retrotraerse a los años en que España hacía y deshacía a su antojo, una colaboración realista con Francia podría dar ahora resultados positivos para el desarrollo de nuestra antigua colonia. Reconocer errores y enmendar las vías es de sabio Gobierno. Acaso el nuestro debería aprovechar el impulso que le imprima la recién creada Comisión Interparlamentaria de Control de la Cooperación.

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