Jueces y magistrados, dispuestos a la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo

Las comisiones ejecutivas de las tres asociaciones de jueces y magistrados -"Jueces para la Democracia", "Francisco de Vitoria" y "Asociación Profesional de la Magistratura"- advirtieron ayer que adoptarán "las medidas de presión que se estimen procedentes, no excluyendo paros parciales, concentraciones territoriales y en caso extremo la huelga", si para el 8 de abril han resultado insatisfactorias las negociaciones'que desean mantener con el Gobierno. No obstante, los portavoces del encuentro subrayaron el deseo de no tener que recurrir a medidas de presión.En la primera reunión de estas características que mantienen las ejecutivas de las tres asociaciones, éstas acordaron reclamar la semana próxima un diálogo con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para negociar diversos aspectos concernientes a las condiciones retributivas y de trabajo de los jueces y magistrados. Un portavoz de Jueces para la Democracia subrayó que éste fue el auténtico objeto de la reunión, que duró unas cuatro horas, y no el formar un frente común en materia de política judicial, como han sostenido algunos medios informativos.

Algunos de los asistentes subrayaron que en el encuentro quedaron excluidos los planteamientos políticos, e incluso comentaron que en el hípotético caso de pretender una actuación política habría sido muy difícil llegar a un acuerdo debido a las discrepancias en este terreno.

Una comisión técnica integrada por representantes de las tres asociaciones concretará las reivindicaciones que defenderán en la negociación. Entre ellas se encuentra la determinación precisa de las condiciones de trabajo de jueces y magistrados, así como la elaboración de "una tabla completa de módulos en que se especifique el tipo de trabajo que es posible realizar observando escrupulosamente las garantías legales y constitucionales", según la versión de Juan Alberto Belloch, en nombre de Jueces para la Democracia. Las asociaciones propondrán al Gobierno que sea una empresa privada especializada la que confeccione este catálogo.

Las asociaciones rechazaron el proyecto del Ministerio de Justicia de dedicar 648 millones de pesetas a aumentar los salarios de jueces y magistrados, por considerarlo insuficiente, y acordaron incluir en las negociaciones la mejora de sus retribuciones.