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Tribuna:EL OMBUDSMAN
Tribuna
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La lengua catalana, patrimonio español

En algunas capas de la sociedad de Cataluña hay personas que anidan el sentimiento de que el proceso de normalización de la lengua catalana está desplazando al castellano. En este sentido, Alberto Astorga ha dirigido varias cartas a EL PAÍS, desde Barcelona, expresando su inquietud: "La lengua española", escribe, "está gravemente amenazada en Cataluña, pronto en Valencia, Galicia, Baleares, País Vasco, y quién sabe si un día en Asturias por el bable o en Navarra".En una de sus reflexiones, el lector discrepa del editorial de EL PAÍS titulado Los premios al cine en catalán, del pasado día 15 de febrero, que respaldaba los argumentos de una reciente sentencia del Supremo. "El Tribunal Supremo", dice Alberto Astorga, nos ha sorprendido con una sentencia que, en síntesis, viene a consagrar una desigualdad practicada por la Generalitat de Cataluña, al premiar [en los galardones creados para fomentar el uso del catalán en el cine] solamente las películas catalanas que se realizan en lengua catalana, y no las películas catalanas que se realizan en lengua castellana". "El diario EL PAÍS", añade, "nos sorprende con un editorial en que acepta esta discriminación por el hecho de que se están produciendo menos películas en catalán que en castellano y dicen que hay que tratar desigualmente lo que es desigual, y opina que un trato injusto no quiere decir hacer discriminación e injusticia'. ¡Váyase por Dios! ¿Cómo se puede entender eso? ( ... ) ¿Dónde queda el principio jurídico y constitucional de la igualdad ante la ley?". "Sinceramente, pensamos que la suerte está echada", dice este defensor del castellano.

El lector atribuye al editorial -tal vez por una lectura rápida del mismo- una frase textual inexistente. Lo que señaló el editorialista es que la sentencia del Supremo intentaba dilucidar si en una coexistencia de dos lenguas oficiales -pues ésa es la situación del castellano y el catalán en Cataluña- es discriminatoria, por principio, cualquier medida que apoye tan sólo a una de ellas. Igualmente se refería EL PAÍS a que la sentencia establece que, "dada la desigualdad en la situación del castellano y el catalán en el cine que se produce en Cataluña, una desigualdad puntual -como la que suponen esos premios institucionales- es razonable".

La cita de nuestro lector se refiere, al parecer, a otro argumento de la propia sentencia: "No cabe hablar", decía el editorial, "de discriminación -entendida como tratamiento desigual ante situaciones parangonables-, ya que si hay un mandato constitucional de fomentar la lengua catalana deben tomarse necesariamente medidas que la favorezcan, lo que siempre ha de suponer un tratamiento des¡gual o desequilibrado que no tiene por qué traducirse en el quebranto del derecho de igualdad. Lo subrayado pertenece textualmente al fallo del Supremo. Este razonamiento no es igual al genérico un trato injusto no quiere decir hacer discriminación e injusticia" que Alberto Astorga creyó leer.

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También, en otro punto de la misma carta, el lector atribuye al editorial la afirmación de que la normalización lingaística de Cataluña "se está llevando sin conflictos". Lo que en realidad se publicó fue que el proceso "se caracteriza por una escasa conflictividad".

En otra de sus cartas'a EL PAÍS, Alberto Astorga expresa sin ambigúedades formales cuál es su planteamiento de fondo: rechaza que en Cataluña se considere al catalán como "la lengua propia", cooficial con el castellano, y considera que la .actual Constitución "se ha hecho básicamente contra la lengua española, contra la cultura en lengua española, contra Castilla y su lengua y, en definitiva, contra la lengua, la cultura y la nación española".

En una sociedad delmocrática, discrepar de las normas legales -aunque todos estén obligados a acatarlas- es indiscutiblemente lícito y debe contribuir a fortalecer el saludable principio de libertad de expresión consagrado consfitucionalmente. Alberto Astorga tiene, pues, derecho a manifestar su opinión sobre las normas que protegen y respetan las distintas modalidades lingüísticas de España. Sin embargo, su queja -que aquí queda recogida- se dirige más al texto esencial del ordenamiento democrático español que contra el planteamiento de EL PAÍS.

Pese a que estas protestas de Alberto Astoiga escapan a las materias propias de la competencia del defensor de los lectores, sus cavilaciones invitan a recordar, concretamente, que el marco constitucional y estatutario establece que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. El artículo 3 de la Constitución, además, especifica que esta riqueza de lenguas es un patrimonio cultural de España "que será objeto de especial respeto y protección", lo que obliga no sólo al ,Gobierno catalán, sino también al central, en cuanto patrimonio español.

Según el último censo, el 64% de los catalanes habla el catalán y un 92% lo comprende. ¿Estos datos significan que el idioma catalán -el imperio del catalán fue anterior al de otra lengua peninsular- esté desalojando en Cataluña, al cabo de los siglos, al idioma castellano, como teme el lector de Barcelona?

Trabajar para un pleno desarrollo de las dos lenguas cooficiales -con medidas compensatorias para el idioma que, por razones históricas y políticas, actualmente está en una situación de debilidad- es un mandato constitucional, y el objetivo de que la población catalana tenga competencia en ambas lenguas supera el peligro de una división en dos comunidades lingüísticas, lo que supondría un empobrecimiento mutuo. Allá en el año 1931., José Ortega y Gasset, con motivo de las polémicas surgidas en las Cortes Constituyentes de la II República, advertía que la Constitución no permitía "echar a reñir, como si fuesen gallos, ambos idiomas".

José Luis Aranguren manifestaba en 1981 que "los catalanes tienen el derecho de Vivir en esa lengua y no verse forzados a una situación de disglosia que produce escisión de la personalidad. Lo cual no obsta a que, como segunda lengua, todo catalán, según la Constitución, debe conocer el castellano y a que todo ciudadano de habla castellana en Cataluña, en tanto que no haya aprendido todavía el catalán o cuando, por su edad, no sea ya capaz de aprenderlo, pueda expresarse en su propia lengua, incluso a todos los efectos legales".

Carlos Barral ha recordado que, mientras el catalán conoce el castellano, no se da el caso inverso, entre los castellanohablantes afincados en Cataluña, de manera equiparable. "Todos los catalanohablantes, los que tienen el catalán por lengua materna y de empleo habitual, son bilingúes, y los castellanos monoglósicos, no".

Pedro Laín Entralgo ha escrito artículos en los que denuncia el trágico empobrecimiento que supondría el olvido de una de las dos lenguas en Cataluña por lo que suponen de riqueza cultural.

Gitanos

Hace más de dos años, el ombudsman Ismael López Muñoz explicaba que, aunque la norma no esté recogida en el Libro de estilo, "existen reiteradas órdenes verbales y escritas de la dirección del periódico para que se evite cualquier identificación racista en los protagonistas de las noticias, y explícitamente en lo que se refiere a los gitanos".Desde Suiza, Hemán Rodríguez-Campoamor protesta porque en la última página de EL PAÍS del pasado día 10 se escribe raza gitana dos veces, y el día 10, raza negra.

La redactora de los deslices entona sin reservas el mea culpa: "El señor Hernán Rodríguez-Campoamor tiene razón al criticar la denominación de raza gitana que hago al referirme a dos gitanos, el eurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia y una niña de Orihuela -en el perfil de Moníque Les Ventes y Gabriel CarrascalMi intención no ha sido en absoluto menospreciar a este grupo étnico ni a ningún otro, que gozan de mi más profundo respeto, ni mucho menos pensar, como dice en la carta Rodríguez-Campoamor, en cualquier mito racista hitleriano. Ha sido un error que lamento de veras".

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