La respuesta de Noriega

LA OPERACIÓN política lanzada por EE UU para eliminar al general Manuel Antonio Noriega ha tenido resultados distintos de los previstos en Washington. Es cierto que, después de meses de insistentes presiones, el presidente de Panamá, Eric Arturo Delvalle, ha destituido al general Noriega como jefe de las fuerzas armadas. Pero esta medida ha desencadenado una respuesta, no sólo por parte de los militares, sino en el terreno político. El Parlamento, reunido de urgencia, ha destituido a Delvalle como presidente y, en virtud de un artículo de la Constitución para casos de emergencia, el Gobierno ha designado al ministro de Educación, Manuel Solís Palma, como "ministro encargado de la Presidencia". Los jefes militares, empezando por el del Estado Mayor, Marcos Justine, nombrado por Delvalle para sustituir a Noriega, se han solidarizado con éste. Lo mismo ha hecho la mayor parte de los ministros y de los embajadores. Delvalle ha quedado aislado y los nombramientos que ha hecho tendrán escasa efectividad, al menos en el interior del país. Todas las noticias que llegan de Panamá confirman que reina la calma y que Noriega y el Ejército controlan la situación.Desde el verano de 1987, EE UU ha realizado una política abierta y descarada de intervención en los asuntos internos de Panamá. En junio de 1987, una resolución del Senado de EE UU pedía que Noriega fuese retirado de su cargo. La misma demanda fue reiterada por representantes de la Administración. Hace unas semanas, los tribunales de Miami y Tampa iniciaron acciones judiciales contra el general Noriega por tráfico de drogas. Al mismo tiempo, las presiones sobre Delvalle se acentuaron. Éste aceptó ir a Miami, la semana pasada, para entrevistarse con una personalidad de segundo rango, el secretario de Estado adjunto, Elliott Abrams. En esa entrevista se preparó, sin duda, la medida contra el jefe del Ejército. Pocas horas antes de que Delvalle anunciase oficialmente la destitución de Noriega, el propio Ronald Reagan hablé por radio calificando al general panameño de "dictador militar" y pidiendo su eliminación.

En estas condiciones, era inevitable que pasasen a segundo término las razones serias por las cuales un amplio sector de la población panameña considera urgente el retorno de los militares a los cuarteles, el fin del poder desmedido de que goza el general Noriega y la vuelta a un verdadero sistema democrático civil. Los procedimientos utilizados por los norteamericanos, en los que la vieja querencia a considerar Panamá como territorio propio se mezcla con el aventurerismo típico de algunos colaboradores de Reagan, no podían sino desprestigiar a Delvalle y descalificar muchas de las acusaciones y críticas contra Noriega, por sensatas que sean.

La acción llevada a cabo por Washington difícilmente contribuirá a que la democracia Vuelva a Panamá. Para muchos panameños, empezando por los militares educados en un espíritu nacionalista, lo que domina hoy es la voluntad de demostrar que EE UU no puede decidir a su antojo quién gobierna en Panamá. Por otra parte, que el poder real en Panamá está en manos de los militares es un hecho que perdura desde hace muchos años. Delvalle le ha dado cobertura legal desde la presidencia. EE UU ha mantenido en diversas etapas estrechas relaciones con Noriega. Tales antecedentes restan valor a muchas de las acusaciones que salen a la superficie.

En el trasfondo de todo el problema está el tratado firmado entre el presidente James Carter y el general Torrijos, en virtud del cual EE UU deberá abandonar la zona del canal en 1999 y retirar sus tropas. Cuando acusa a Noriega de complicidad con el narcotráfico y de falta de democracia, Washington piensa sobre todo en el canal. Abundan en el equipo que rodea a Reagan personas que se opusieron a Carter cuando firmó el tratado con Torrijos. Quieren crear cuanto antes en Panamá una situación política que permita a EE UU, en el momento que juzgue conveniente, poner en cuestión la aplicación del tratado y conservar su presencia militar en Panamá.