Castellano recuerda que es el Gobierno el que ha de responder sobre la justicia

La acusación de pasividad hecha el jueves pasado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el debate parlamentario sobre el estado de la nación, fue recibida con sorpresa en medios judiciales y próximos al órgano de gobierno de la magistratura. Aunque no fue posible obtener una reacción oficial del Consejo, el vocal Pablo Castellano, a título particular, manifestó su dificultad para entender a González, dado que "es el Gobierno", dijo, "el que tiene en sus manos la mayoría de las competencias sobre la justicia, de las que debe responder".González señaló el jueves que "todavía no esta en marcha en España un proyecto del órgano de gobierno ole los jueces para el desarrollo de su ámbito de competencias" (ver EL PAÍS de ayer). Preguntado por este periódico, el socialista Castellano recordó que las escasas competencias del CGPJ están diseñadas en la ley orgánica del Poder Judicial y que su desarrollo no es responsabilidad del Consejo.

"Las medidas legislativas y administrativas en relación con el servicio público de la justicia corresponden al Gobierno y al grupo mayoritario de las Cámaras", afirmó Castellano, quien dijo no entender la declaración de González, "a no ser que contenga un reproche a su propio Gobierno". Añadió que incluso la capacidad reglamentaria del CGPJ "está reducida a su reglamento interno, de modo que si deseáramos regular ya los tribunales superiores de justicia o la nueva oficina judicial", dijo, "no podríamos por falta de competencias para ello".

Desconocimiento

En opinión de Pablo Castellano, "si al calor de un debate parlamentario en el que se critica al servicio público de la justicia, se pretende desviar la atención del Ejecutivo y el Legislativo hacia el Consejo Gen.eral del Poder Judicial", subrayó, "se está demostrando un cierto desconocimiento de lo que es esta institución". Insistió en que al órgano de gobierno del poder judicial sólo corresponden las funciones de calificación, inspección, disciplina, nombramientos, concursos y traslados, "sin facultades para el diseño legislativo, la administración de los medios materiales, la organización de oposiciones para cubrir las vacantes de funcionarios y sin siquiera posibilidad de decidir sobre los edificios judiciales o los posibles incentivos a los jueces y magistrados".Castellano reprochó al jefe del Gobierno que no saca partido a este órgano, ya que, a través de su ministro de Justicia, "sólo cuenta con el Consejo para lo estrictamente reglado". Recordó que el Gobierno no suele recabar la opinión del Consejo más que cuando la ley le obliga a ello y, en concreto, señaló que mientras el Consejo promueve experiencias piloto sobre el jurado en los órganos judiciales, el ministro Virgilio Zapatero "nos deja con el culo al aire", señaló Castellano, "al anunciar que el Gobierno no piensa por ahora establecer esta institución".