El regreso del somatén

LA AUSENCIA en la comunicación del Gobierno sobre el estado de la nación de cualquier referencia explícita a la política de orden público y seguridad ciudadana es un signo palpable de que la atención gubernamental está más pendiente de la macropolítica que de cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Que el Gobierno decline tomar posición sobre el clima de inseguridad que reina en nuestras ciudades es prueba de una ceguera que no augura nada bueno para el enderezamiento de la situación.En este terreno, la impresión es que el Gobierno bascula entre el autoritarismo represivo, del que son ejemplo las llamativas operaciones especiales, de dudosa legalidad y de resultado casi nulo, y la permisividad impune a que aboca la impavidez con que los responsables del orden contemplan la escalada de la delincuencia. Los socialistas no han sido capaces de articular un modelo de política de orden público. Las propuestas sobre libertad y seguridad contenidas en el programa electoral con el que accedieron al poder en octubre de 1982 están hoy arrinconadas. La ausencia de una alternativa clara, si no significa la aceptación vergonzante de algunos de los tics más obsesivos del discurso de la derecha, muestra la indigencia del Gobierno en esta cuestión.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, acaba de, ofrecer un ejemplo luminoso de dicho trasvase ideológico. "Hemos puesto los derechos de los delincuentes por delante de los de las víctimas", ha declarado con desparpajo, copiando hasta en su literalidad uno de los apolillados mensajes con los que martillea la derecha, el máximo responsable de unos servicios que tienen en su historia el estigma de la desaparición de El Nani. La frase tiene un tufillo inaguantable de coartada con que encubrir la ineficacia y pasividad de la policía en la prevención de la delincuencia. En todo caso, debería recordarse que hasta no hace muchos años los derechos y garantías procesales del detenido o preso eran prácticamente inexistentes en España, y que ha sido en los dominios del departamento de Interior donde más resistencias ha encontrado su reconocimiento. La suposición de que el aumento de garantías procesales para los acusados y sospechosos hace más dificil la represión de la criminalidad es no sólo gratuita, sino del todo inadmisible en cualquier demócrata. No son las garantías jurídicas de que gozan los ciudadanos, sino la ineptitud política de los gobernantes -concretamente, de los responsables de Justicia e Interior-, lo que viene sumiendo a este país en un clima de miedo al crimen difícilmente soportable.

En orden público y seguridad, el Gobierno socialista siempre ha estado a la espera del descubrimiento de alguna fórmula que no acaba de llegar. Expresión de esta permanente búsqueda ha sido la línea zigzagueante que se ha seguido, 'pasando sin solución de continuidad de la reforma a la contrarreforma y de la espectacularidad de las operaciones primavera a la apatía policial. Es hora de que Felipe González exponga públicamente cuáles son las líneas maestras de la política que debe garantizar la seguridad de la población. Y de que explique cómo en el país con más policías de Europa por cabeza se baten también los récords de delincuencia y proliferan las policías y servicios de seguridad privados, incluso en edificios oficiales, aeropuertos y lugares bajo la estricta responsabilidad del Estado. Para no hablar de los nuevos somatenes de barrio, que se lanzan a la autodefensa ante la impericia flagrante del equipo de este ministro que Dios guarde.