Aznar quiere ampliar las competencias de Castilla y León sin cambiar el estatuto

El presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, no propondrá la reforma del estatuto de autonomía -aunque no renuncia a ella en el futuro-, sino que es partidario de asumir más competencias al amparo de lo que marca el artículo 29 del propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Esta decisión, hecha pública ayer, cierra el período de consultas del presidente del Gobierno autónomo con los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes regionales que se ha desarrollado durante toda la semana.

José María Aznar, de Alianza Popular, abrió esta ronda de negociaciones para buscar un consenso en tomo a la posible reforma del estatuto de autonomía, que el próximo 25 de febrero cumple cinco años.Los distintos grupos parlamentarios sólo han coincidido en la necesidad de asumir más competencias. En lo demás muestran discrepancias.

El PSOE desea que se abran conversaciones con la Administración central para llegar a un acuerdo nacional que afecte a todas las comunidades autónomas. De hecho ya han sido varios Gobiernos regionales los que han promovido este tipo de inciativas -entre ellos Aragón y Cantabria-, y el PSOE considera que ha de efectuarse una acción coordinada.

Asimismo, el partido socialista es partidario de que se reciban nuevas transferencias aprovechando el artículo 150.2 de la Constitución tal y como anunció el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, en el Senado.

Este artículo señala textualmente: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

Esta vía fue utilizada en 1981 para ampliar las competencias de la Comunidad Valenciana y de Canarias, después de que se dieran por cerradas las posibilidades para el acceso a la autonomía mediante la vía rápida de tramitación recogida en el artículo 151 de la Constitución (este camino de plazos más cortos y mayores poderes se aplicó a Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía). Constituyó así una posibilidad intermedia entre los estatutos tramitados mediante el artículo 151 y los correspondientes a la vía lenta del artículo 143.

Alianza Popular, grupo mayoritario, no acepta esa posibilidad de las leyes orgánicas (artículo 150) por entender que la iniciativa debe partir de la comunidad autónoma y no de la Administración central (que sería la encargada de elaborar los proyectos de ley). AP considera que el artículo 129 del estatuto de autonomía ordena con carácter imperativo ejercer, pasados cinco años, una serie de nuevas competencias, entre las que se hallan Educación y Sanidad.

Aznar dijo ayer que Castilla y León está preparada ya para recibir alguna de las transferencias citadas en la mencionada norma aunque "para las de Seguridad Social habría que esperar más tiempo".

"Desgarros"

El CDS aboga por la reforma del estatuto pero quiere aprovechar también la vía del artículo 150.2 y para ello ha presentado en las Cortes regionales una proposición de ley en la que solicita competencias educativas para Castilla y León. El PDP, que cuenta con un solo procurador, teme, al igual que el PSOE, que la reforma de estatuto produzca desgarros en la comunidad y favorezca posturas segregacionistas.Una vez conocidas estas posiciones, José María Aznar va a reclamar nuevas competencias e iniciará los trámites legales para obtenerlas. Para ello necesita la mayoría absoluta en la Cámara regional (puede lograrla mediante un pacto con el CDS) y que las Cortes generales aprueben una ley orgánica, algo mucho más difícil por cuanto el PSOE no parece inclinado a que las nuevas transferencias lleguen por la vía que propugna el presidente de la Junta.