La negligencia de la administración marítima causó la muerte de 10 tripulantes del 'Calpe Quintans'

Las conclusiones de la comisión oficial que investigó el naufragio del motopesquero Calpe Quintans, ocurrido en marzo de 1987 al noreste de las islas Canarias, revela graves irregularidades en la actuación de las autoridades marítimas periféricas encargadas del despacho e inspección de buques y del control de sus tripulaciones, "cuya actitud negligente ha dado lugar, en opinión de esta comisión, a la muerte de los 10 tripulantes del buque pesquero Calpe Quintans", asegura el documento. Los investigadores examinaron además la flota pesquera andaluza, que, según el informe, se encuentra en un estado "caótico, deplorable y tercermundista". Los investigadores "no creen" que las flotas del resto de España se encuentren en mejores condiciones.

El abandono que sufre la flota pesquera española en materia de seguridad alcanza incluso al Antonio Cid II, embarcación utilizada por el presidente del Gobierno, Felipe González, para la pesca deportiva. Al inspeccionar este barco, con base en la localidad de Barbate (Cádiz), se advirtió, entre otras deficiencias, que en un hipotético hundimiento las dos balsas de salvamento no se hubiesen liberado de su estiba.Las deficiencias observadas en el Antonio Cid II no constituyen un caso aislado, sino el exponente de un cúmulo de irregularidades generalizadas que entraña un grave riesgo para la vida de los tripulantes. De los 219 buques inspeccionados, sólo nueve cumplían con la normativa vigente sobre balsas de salvamento. Este dato resulta en cierta forma irrelevante por cuanto, a vuelta de página, el documento señala que el 69% de los pescadores consultados desconocía de qué equipo de supervivencia disponían las balsas; que el 83% no había visto jamás el interior de una de ellas y, por último, que el 82% no sabía explicar cómo se lanzaban al agua ni cómo embarcarse en ellas.

Las inspección periódica de las balsas y el adiestramiento de las tripulaciones sobre su uso son dos exigencias perfectamente reglamentadas en la normativa vigente. En el accidente del Calpe Quintans, el incumpliento de estas dos normas costó la vida a 10 de sus 12 tripulantes. Este desenlace "no hubiese tenido lugar", subraya el informe, "con una administración marítima periférica más eficiente, responsable y profesional que la actual".

Aunque no disponía del preceptivo certificado de revisión de balsas salvavidas, el Calpe Quintans fue despachado el 21 de marzo de 1987 por la Ayudantía Militar de Marina de El Puerto de Santa María, de donde partió con destino a los caladeros situados al sur del cabo Nuns (Marruecos). Nueve días después, tras una breve escala en Ceuta, el barco se hundió en el Atlántico al no poder sus tripulantes hacer frente a una vía de agua.

Abandono del barco

A las cuatro de la madrugada del 30 de marzo la tripulación, provista de salvavidas, abandonó el buque y arrojó al mar una de las dos balsas. El intento resultó vano, ya que una vez en el agua la balsa no se inflé. Al ser izada de nuevo a bordo se comprobó que tenía un tubo partido y fue abandonada sobre cubierta. Los tripulantes abrieron entonces la segunda balsa en cubierta y la lanzaron al mar. Sin embargo, al saltar a ella uno de los tripulantes se rasgó el fondo, quedando casi inservible. La tripulación del Calpe Quintans sólo pudo utilizarla para sostenerse en la superficie, pero no para guarecese de los embates del mar y de la baja temperatura del agua.

Uno de los dos supervivientes, el mecánico naval Manuel Julián Sampere, declaró más tarde que, tras ejercer en el mar durante 30 años, jamás había sido instruido en el manejo de las balsas. El otro superviviente, el redero Ángel P. García Serrano, aseguró que nunca había realizado prácticas con balsas, que desconocía sus mecanismos de funcionamiento y que ignoraba qué elementos de supervivencia y señales existen en su interior.

El teniente de navío Francisco Carmona Franco, que en la fecha del siniestro era titular de la Ayudantía Militar de Marina de El Puerto de Santa Maria, ocupa actualmente este mismo cargo en Lequeitio (Vizcaya). Carmona, que fue localizado anoche en su despacho desmintió que el Calpe Quintans hubiera sido despachado sin el certificado de revisión de las balsas salvavidas, pero se negó a efectuar cualquier otro comentario sobre las circunstancias del accidente.

Por otra parte, la presencia del redero Angel P. García Serrano en el pesquero siniestrado revela otras irregularidades, que en el informe se atribuyen a la autoridad de Marina de Ceuta. La Ayudantía Militar de Marina de El Puerto de Santa María tachó a García Serrano de la lista de tripulantes presentada por el patrón del Calpe Quintans porque carecía del certificado de competencia marinero. Pese a ello, García Serrano embarcó y viajó a bordo del buque hasta Ceuta, donde sí fue enrolado oficialmente: "Al parecer, la autoridad de Marina de Ceuta es menos exigente en relación con las tripulaciones y, con olvido de la normativa legal vigente, enrola a los tripulantes sin estar en posesión del certificado de competencia marinero", señala el documento.

El capitán de corbeta José Luis Pereiro, jefe del servicio de despacho de buques de Ceuta, explicó ayer a este diario que García Serrano había sido enrolado legalmente, ya que, a pesar de no disponer del mencionado certificado, en su libreta de navegación figuraban otros embarques. "Lo que ocurre", explicó, "es que la libreta de navegación se perdió en el naufragio. El que cometió la irregularidad fue quien le enroló la primera vez".

El capitán de navío Manuel Zambrano Ortega, que en la fecha del naufragio ocupaba el cargo de comandante militar de Ceuta, y actualmente está retirado, se refirió ayer al accidente como un hecho Iamentabilísimo". "Hay razones más que suficientes para que esto no deba moverse", agregó. A Ceuta, explicó, Ilegan barcos a hacer petróleo [por combustible] y, si están despachados, se les dice véte, que no puedo hacerte perder el tiempo. Si lo han soltado [en el puerto de origen], es que tiene toda su reglamentación en regla