La Corona y la cuestión navarra

AFIRMAR SIN matices, como hace el radicalismo nacionalista vasco, que '"Nafarroa Euskadi da." ("Navarra es Euskadi") constituye, aparte de una muestra de talante escasamente democrático -en la medida en que pretende dar por sentado algo que en todo caso corresponde dilucidar a los ciudadanos de ese territorio-, una simplificación desde el punto de vista histórico y cultural. Pero afirmar, como hacen los navarristas doctrinarios, que nada tiene de vasca esa tierra constituye una simplificación simétrica. Navarra -basta comprobar la toponimia de muchos de sus valles y pueblos- sí tiene un importante componente vasco, por más que no sea el único que define la personalidad de ese territorio. Si algo caracteriza a Navarra es precisamente su pluralismo. Pluralismo no sólo político o sociológico, sino cultural. Lo vasco forma parte de la personalidad navarra, aunque no la agota. Y así lo ha admitido implícitamente el nacionalismo vasco democrático a lo largo de su historia al considerar, de una u otra manera, la peculiaridad navarra en todo proyecto de construcción política de la nación vasca.Tanto la Constitución como el Estatuto de Gernika recogen y expresan jurídicamente esa situación al hacer compatible, de una parte, la legitimidad de la hipótesis de la integración de Navarra a un proyecto autonómico común y, de otra, el respeto a la voluntad de los ciudadanos navarros para decidir sobre esa eventualidad de manera independiente. Es el Parlamento foral el que, en su caso, ha de tomar la iniciativa, que habrá de ser refrendada por la población del territorio. Y el Parlamento foral habría de aprobar el nuevo Estatuto vasco -que, lógicamente, tendría que ser reformado en función de la integración- antes de entrar en vigor. Ello significa en la práctica que los navarros mantienen una especie de derecho de veto como garantía de que la eventual integración no podrá ser en modo alguno interpretada como una anexión. Pues, llágicamente, sólo si el nuevo Estatuto reconoce jurídicamente la peculiaridad navarra podrá ser viable la integración.

Si los Reyes han retrasado deliberadamente su viaje a Navarra, hasta el punto de que era la única comunidad autónoma no visitada por ellos, ha sido para evitar que circunstancias coyunturales se prestasen a interpretaciones partidistas del mismo. El programa de la visita ha constituido un intento de hacer simbólicamente visible el respeto por parte de los Reyes de la plural personalidad de Navarra.

Al alternar en el itinerario de su visita las zonas de la montaña, en la que son visibles las huellas de la identidad vasca, con otras en las que tales huellas están más diluidas o no existen, los Reyes han dado muestra de su deseo de no ofender las convicciones de nadie. Al expresar su oposición al acoso antidemocrático de los anexionistas violentos, don Juan Carlos se ha situado en el terreno que comparten vasquistas y navarristas.

El reciente acuerdo de los partidos vascos, excepto HB, en el que se proclama con particular firmeza que sólo a los navarros compete decidir sobre su futuro, es uno de los motivos que confirman la oportunidad del momento elegido para este viaje. Al reconocer la voluntad del pueblo navarro de conservar sus peculiaridades, el Rey no ha interferido en debate político alguno, sino que ha constatado una realidad en sí misma compatible con cualquier solución futura para el llamado problema navarro.

Es posible que los sectores navarristas traten de aprovechar la visita del Rey para llevar el agua a su molino. Pero no resulta lícito deducir de ello, como han hecho los partidos nacionalistas vascos, que el viaje resultaba inoportuno. Es Acíllamente inconcebible que 10 años después de la implantación de la democracia se hable de la oportunidad o no de que el Jefe del Estado visite una comunidad autónoma. En realidad, de la argumentación de esos partidos se deduce que sólo considerarían momento oportuno aquel en el que Navarra se hubiera integrado en- Euskadi. Y si de actitudes inoportunas se trata, nada lo es tanto como la referencia que se hace en el comunicado del PNV a las conversaciones de Argel para justificar su opinión. Tal argumento equivale a aceptar el chantaje de los violentos, resulta inaceptable desde el punto de vista de la legitimidad democrática y es incompatible con cualquier criterio de prudencia política.