Alfonsín hace concesiones a los militares para resolver el 'caso Astiz'

El presidente argentino, Raúl Alfonsín, permanecía reunido esta madrugada con los jefes de los ejércitos de Tierra, Aire y Mar. El Gobierno quiere consolidar la posición favorable de las fuerzas armadas consideradas "leales" y ofrece la resolución de los juicios en trámite, además de un aumento sustancial del porcentaje previsto en el presupuesto, a cambio de que la Armada cumpla con la orden de retirar del servicio activo a Alfredo Astiz, ascendido hace un mes a capitán de corbeta.

Los primeros pasos de esta "recomposición" de las fuerzas, como llaman ambas partes a la operación en marcha, han comenzado a darse con una celeridad inédita en un país donde la sociedad aún recuerda que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se entretuvo un año con los expedientes sobre las tres primeras juntas militares de la dictadura, sin resolver nada sobre ellos. De los 242 oficiales y suboficiales detenidos tras el alzamiento militar encabezado por el teniente coronel Aldo Rico entre el 15 y el 18 de enero pasado, sólo quedan 11 jefes, 41 oficiales de baja graduación y cuatro suboficiales alojados en el penal militar de Magdalena, 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Rico fue dado de baja ayer.El general José Caridi, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, recomendó al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que aparte de las causas a los jueces civiles para permitir a los militares un "juicio rápido y ejemplar" de los acusados que aún permanecen detenidos. Caridi cree que los jueces federales son lentos y "retrasan los procesos". Un día antes, el jueves, el procurador general de la nación, Andrés D'Alessio, ex integrante de la Cámara Federal que juzgó a las tres primeras juntas militares de la dictadura, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que libere de proceso a los generales Sasiain, Centeno y Anadón, porque "carecían de facultades decisorias" y se encuentran amparados entonces por la llamada ley de obediencia debida. Esos tres generales son acusados, junto con el temible Luciano Benjamin Menéndez, de conducir los campos de concentración en el área del III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, donde funcionó el centro de tortura de La perla.

El acuerdo de Alfonsín con los tres jefes de Estado Mayor abarca el pase a retiro del capitán de corbeta Alfredo Astiz. A fines de diciembre Alfonsín ascendió al entonces teniente de navío y ordenó al mismo tiempo que cesara su servicio activo en la Armada. La orden del presidente no iba a ser evaluada por los altos mandos navales hasta abril, pero la resolución del alzamiento en el ejército de tierra animó al Gobierno a "liquidar de una vez todos los asuntos pendientes", según admiten los funcionarios del Ministerio de Defensa.

Entre las decisiones importantes que tomó Alfonsín estos días para asegurarse un año de cierta calma debe incluirse la de confirmar al candidato de su partido a sucederle en el puesto. El miércoles, Alfonsín cenó con el gobernador de la provincia de Córdoba, Eduardo Angeloz, y con el derrotado ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Casella, y bendijo la fórmula Angeloz-Casella de la Unión Cívica Radical para encabezar las listas en las elecciones, que se celebrarán probablemente en junio de 1989.