La busca que no cesa
LA JUSTICIA francesa insiste en verle la cara al subcomisario español José Amedo, ante la acumulación de indicios sobre su presunta relación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), responsables de 23 asesinatos en el sur de Francia. Un juez de Bayona, que ha investigado algunos de estos asesinatos, acaba de cursar una orden de busca y captura a la Interpol contra el policía español. No hace mucho, otro juez francés acordó la misma medida, si bien ésta no se llevó finalmente a efecto ante la oposición del ministerio fiscal, institución especialmente vinculada en Francia a las instancias gubernamentales.Cualquiera que sea el resultado de estas iniciativas, el hecho de que se produzcan con tanta insistencia colocan en una situación desairada no sólo al funcionario, al que conciernen, sino al propio Gobierno español. La presunción de inocencia de la que goza cualquier ciudadano mientras no pese sobre él una condena firme ha constituido una conquista nada fácil de la democracia. Todavía hoy existen en áreas del mismo Estado fuertes resistencias a su aplicación en muchos supuestos de delincuencia común. Pero una cosa es el obligado respeto a este derecho y otra la pasividad ante las salpicaduras que un caso como éste puede arrojar sobre la actuación del Estado y sobre su imagen exterior. Las reacciones oficiales habidas hasta ahora ante la iniciativa francesa han mostrado una exclusiva preocupación por echar balones fuera como sea. Se ha insistido en que ninguna orden de busca y captura contra el .funcionario español ha llegado a España y en que ningún Estado está obligado a entregar a otro a uno de sus ciudadanos. Sin embargo, la cuestión principal para el Gobierno y para los responsables del aparato policial estriba en aclarar cuanto antes a la opinión pública el grado de consistencia de los indicios que implican a un funcionario policial en los crímenes cometidos por el siniestro grupo de los GAL.
La justicia española ya ha tenido ocasión de juzgar a algunos facinerosos de los GAL, pero no ha considerado consistentes las confesiones o confidencias que apuntaban a la implicación en esta oscura banda de personas al servicio del Estado. En estos momentos, un juez de la Audiencia Nacional investiga el alcance de la documentación aportada por los jueces franceses sobre la presunta relación del subcomisario Amedo con las actividades de los GAL. Sin duda alguna, esta investigación constituye todo un reto para la independencia de la justicia española. Sólo en el supuesto de que siga adelante y no se la obstruya, España estará legal y moralmente autorizada a rechazar cualquier pretensión de entrega de este funcionario a la autoridad de otro Estado.
Un caso como el que protagoniza el subcomisario Amedo es de los que más luz pueden arrojar sobre el verdadero alcance de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada, de la que tanto alardean los responsables políticos. A su condición de funcionario policial se unen las sospechas de terrorismo de Estado que pesan sobre los GAL. Una y otra circunstancia pueden resultar obstáculos insuperables para que un caso así encaje en el espacio judicial europeo por el que han apostado los gobernantes de Europa para que ninguno de sus países se convierta en refugio o santuario de criminales. El espeso entramado legal de ayuda mutua -convenios de extradición, contra el terrorismo, asistencia judicial en materia penal, etcétera...- que en los últimos años han tejido los naciones europeas podría desacreditarse si la opinión pública percibe que en ocasiones los Estados encuentran razones para no aplicarlo, según sean los hechos y quienes los cometan.
