La Audiencia de Bilbao procesa a 12 guardias civiles por el 'caso Linaza'

La Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bilbao decidió ayer el procesamiento de 12 miembros de la Guardia Civil implicados en el sumario por malos tratos y torturas a Tomás Linaza Euba, de 63 años, padre de un presunto etarra, según supo ayer este periódico de fuentes judiciales.

Los procesados son el comandante José Martín Llevot -por un presunto delito de falsificación de documento oficial y otro de prevaricación-; el capitán Rafael Masa González -denegación de auxilio a la justicia y prevaricación-; el sargento Alfredo Serrano Pastor y el número Lucio de Sosa Robledo -malos tratos y torturas-; el cabo Ángel Fuente Romero, y los números Julián Pérez Montesinos, Miguel Caballero Sánchez, Paulino Santos Campaña, Felipe Mateos Robles, Diego Cerón García, Santiago López Rico y Eduardo Herrero Prieto -todos ellos por un presunto delito de prevaricación-. La Sala de la Audiencia decidió los procesamientos tras escuchar un informe del ponente del caso.

El procesamiento de estos 12 guardias civiles fue solicitado en un auto del 27 de octubre de 1987 por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, María Elizabeth Huerta (ver EL PAÍS del 14 de noviembre de 1987).

Este auto señalaba la existencia indiciaria de conductas delictivas de estos agentes con respecto a los mismos delitos por los que han sido procesados. La juez remitió sus diligencias a la Audiencia de Bilbao para que fuese ésta la que decidiese los posibles procesamientos, dada la condición de aforados de los agentes.

Siete años de proceso

Tomás Linaza fue detenido por agentes de la Guardia Civil el 14 de mayo de 1981 en su domicilio de Lemona (Vizcaya). Ese mismo día habían sido asesinados en un atentado en esa población dos miembros del Cuerpo. Según su testimonio, Linaza fue apaleado en varias ocasiones a lo largo de ocho días, tras los que se le trasladó en un automóvil sin distintivos exteriores al acuartelamiento de la 512 Comandancia de Bilbao. Ocho días después quedó en libertad sin cargos por orden de la Audiencia Nacional y denunció ante el juez haber sido torturado.El caso Linaza saltó a la opinión pública cuando la juez Huerta, que instruyó el sumario del mismo, llamó en septiembre de 1986 a 90 guardias civiles para que comparecieran a una rueda de reconocimiento ante Linaza. La Dirección de la Guardia Civil remitió un oficio a la juez señalando que los agentes no acudirían a la rueda, actitud que fue respaldada por el Gobierno. Ello ocasionó un serio conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Esta situación motivó también que la juez Huerta abriera de oficio diligencias complementarias contra el presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros del Interior y de Justicia por el presunto delito de denegación de auxilio a la justicia.