AP y PSOE acercan sus posturas sobre el plan que permitirá la construcción de 16.000 viviendas
Alianza Popular y el PSOE han acercado sus posturas en las últimas semanas sobre el plan de inversiones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, proyecto que prevé la expropiación de tres millones de metros cuadrados de terreno -de los que 1,2 millones se dedicarán al sector terciario-, la urbanización de 22 polígonos hoy ocupados por chabolas y la construcción de 16.000 viviendas. Este plan ha sufrido variaciones, y es muy probable que se divida en presupuestos anuales, incluya nuevas obras en infraestructura viaria y fije un mayor control de la gestión de los empresarios privados.
El rechazo por parte de la oposición del presupuesto de Gerencia el pasado mes de diciembre abrió unas negociaciones oficiosas entre Jesús Espelosín, concejal responsable de Urbanismo, y el concejal aliancista Enrique Villoria, encargado de estos temas en su partido.Aunque Alianza Popular niega oficialmente que haya existido negociación, parece que hay ya acuerdo sobre distintos puntos tales como la división del plan en presupuestos anuales y no cuatrianuales, como pretendía el PSOE, en la necesidad de fijar prioridades en la eliminación de bolsas de pobreza y en la realización de los grandes proyectos urbanos y de infraestructura viaria.
Para Enrique Villoria, el acuerdo es posible siempre que el plan de Gerencia se convierta en un plan de inversiones que englobe distintas obras incluidas en el programa de AP. Entre ellas, Villoria destacó el cierre del tercer cinturón, la construcción de los nudos de Puerta de Hierro y Puente de los Franceses y la expropiación del suelo y la elaboración de los proyectos del cuarto cinturón. Asimismo figura la reforma de los tramos Cristo Rey-Arco del Triunfo y María de Molina-avenida de América-Cartagena, los accesos a Barajas y la reestructuración del nudo de Ventas, que sería aprovechada para instalar un circo estable.
"La discusión va a estar en cómo se redactan los pliegos de condiciones para realizar la operación en colaboración con la iniciativa privada", dijo Luis Larroque, primer teniente de alcalde. Larroque aseguró que su grupo es partidario de adjudicar a las empresas la realización de unos proyectos generales que engloben la urbanización, la expropiación y el realojamiento de las familias que vivan en cada polígono. La idea consistiría en establecer un concurso o una subasta -aún no hay acuerdo- que permitiera al Ayuntamiento costear la expropiación, a la Empresa Municipal de la Vivienda controlar el realojamiento y a la Gerencia de Urbanismo vigilar la urbanización.
La posición de IU
Para Larroque, la empresa adjudicataria correría con los gastos y pagaría además la posible diferencia con el valor estimado del suelo en el caso de que existiera. A cambio, el promotor inmobiliario obtendría terrenos edificables en donde construir viviendas y oficinas.Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida (IU), se manifiesta de acuerdo en que en esta operación participe la iniciativa privada, "pero no en entregar en sus manos el proceso de transformación urbana". Según Herrera, el Ayuntamiento tendría que costear la expropiación y urbanización de los terrenos y, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, efectuar el realojamiento de los chabolistas, para a continuación vender las parcelas al sector privado.
"La imposibilidad de acometer esta tarea con dinero municipal, al no haber mayores transferencias del Estado, nos obliga a contar con la empresa privada. Por ello nuestro grupo estudiará operación por operación con el fin de ver si en algunos de los polígonos el Ayuntamiento tiene posibilidad de encargarse de la expropiación y del realojamiento", dijo Herrera.
El portavoz de Izquierda Unida manifestó tener conocimiento de la negociación PSOE-AP y aseguró que la presión de la oposición había conseguido "cambiar un cheque en blanco a la empresa privada por un cheque con cifras". "En el proyecto primitivo había unas previsiones de gastos e ingresos que nadie sabía en qué se basaban. Ahora el Consejo de Gerencia ha encargado a dos empresas la realización de un estudio económico sobre expropiaciones, otro sobre el valor que va a alcanzar el nuevo suelo edificable y un tercero sobre el posible impacto de la construcción de 16.000 viviendas en el mercado inmobiliario", informó Herrera.
El único grupo que, de momento, considera muerto el plan de Gerencia es el Centro Democrático y Social. "Mientras no cambie la filosofía del plan y no se le dé mayor contenido social no contarán con el voto favorable de nuestro grupo", dijo Javier Soto, portavoz adjunto del CDS. "Es necesario realizar un control de la operación desde el principio hasta el final, lo que implica, incluso, fijar unos límites al precio de la venta de los pisos que se construyan", dijo Soto.
