El Gobierno reduce las competencias judiciales en el régimen penitenciario

El Gobierno reducirá en breve las competencias de la autoridad judicial en el régimen penitenciario al suprimir la competencia de los magistrados para ordenar los traslados de presos a hospitales extrapenitenciarios y otorgársela a los directores de las cárceles. Esta novedad está incluida en el proyecto de reforma del reglamento penitenciario que ha sido elaborado entre los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, según fuentes oficiales.

El proyecto de reforma, al que ha tenido acceso este periódico, modifica el artículo 79 del actual reglamento penitenciario, que data de 1981. En aquel artículo se otorgaba a los jueces o tribunales la competencia para permitir el traslado de un preso preventivo o penado a un hospital extrapenitenciario. La nueva redacción de ese artículo indicará que "la salida de internos para consulta e ingreso en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el centro directivo"."El ingreso de los detenidos, presos y penados en los centros hospitalarios dependientes de administraciones públicas no penitenciarias", añade el proyecto, "será acordado por el centro directivo de las administraciones penitenciarias, previa propuesta razonada de las juntas de régimen y administración, a las que se acompañarán informes médicos". No obstante, la proyectada reforma incluye la exigencia de informar inmediatamente a los jueces del traslado efectuado: "Del traslado de los detenidos y presos se dará cuenta a la autoridad judicial de que dependan, y al juez de vigilancia en el caso de los penados".

Drogodependencias

Fuentes oficiales han señalado que el motivo de la supresión de la competencia judicial en este tema radica en la urgencia que a veces conllevan los propíos traslados, debido a la gravedad de las enfermedades en algunos casos. Estas fuentes negaron "cualquier otra razón" en la limitación de competencias a los jueces. Las mismas fuentes añadieron que el traslado a hospitales extrapenitenciarios ha de verse como una excepción, ya que existe una infraestructura propia (hospitales y enfermerías en las cárceles) que se utiliza normalmente. "No obstante, para determinadas enfermedades y estancias largas es más adecuado el ingreso del interno en centros extrapenitenciarios", añadieron estas fuentes, que recorsos actuales -máximo histórico-, normalmente unos 3.000 requieren atenciones sanitarias.En este sentido, las mencionadas fuentes indicaron que existen drogodependencias en los centros perútenciarios, que en algunos casos derivan en enfermedades como la hepatitis y el SIDA. "La sanidad pública debe colaborar, y el Ministerio de Sanidad ha mostrado su apoyo", añadieron las fuentes informantes.

El proyecto, redactado en el Ministerio de Justicia, ha sido negociado desde el mes de julio pasado con los departamentos del Interior y de Sanidad. Entre las aportaciones del ministerio que encabeza José Barrionuevo destaca una remitida por el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, que ha sido incluida como disposición adicional. "En los centros hospitalarios" extrapenitenciarios "existirán habitaciones o dependencias que reúnan las necesarias condíciones de seguridad para el tratarniento e internarniento de los enfermos y para el servicio de vigilancia, respetándose en todo caso la intimidad de aquéllos", señala la disposición. En normas posteriores se determinarán las condiciones de las habitaciones.