Dineros para la policía
EL GOBIERNO va a destinar más de 237.000 millones de pesetas a mejoras de infraestructura, equipamiento, nivel tecnológico y formación de los cuerpos de seguridad del Estado. Nada hay que objetar a la asignación de suficientes recursos presupuestarios a un objetivo tan necesario como es el de la modernización de las distintas fuerzas policiales. Lo que importa es que el intento fructifique y no se difumine en una serie de medidas inconexas y burocráticas sin resultado práctico alguno en la vida ciudadana. Constituiría ungravísimo acto de malversación de los caudales públicos que el uso de tan ingente cantidad no se reflejase, en definitiva, en una mayor profesionalidad de los funcionarios policiales y en la mejora de la seguridad de todos los españoles.España se caracteriza por disponer de los efectivos policiales proporcionalmente más numerosos de los países de Europa. Sus 170.000 agentes, entre Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Municipal, representan una tasa de cerca de cinco policías por 1.000 habitantes, cuando la media europea se mueve entre 2,5 y 3,5. Este último porcentaje es el que se considera ideal en países de mayor desarrollo que el nuestro.
Ello no ha impedido, sin embargo, el deterioro de la seguridad ciudadana en la última década. La proliferación de las compañías privadas de seguridad y los ensayos peligrosos de autoprotección puestos en marcha por grupos de ciudadanos particulares atestiguan el fracaso del aparato policial del Estado en la tarea fimdamental que justifica su existencia: la protección ciudadana. Los reclamos a leyes más duras que las actuales o las exigencias de efectivos policiales más numerosos no son sino formas de eludir la parte alícuota de responsabilidad que incumbe a los cuerpos de seguridad en cuanto tales en el escaso tratamiento preventivo de la delincuencia.
Para el contribuyente, tal esfuerzo presupuestario sólo tiene justificación si se traduce en una mejora del servicio policial a la población. Los abundantes dineros que ahora se van a destinar a la modernización de los cuerpos de seguridad forman parte de un plan que prevé, entre otras, inversiones en la remodelación de comisarías y en la adquisición de material adecuado a las labores policiales de las fuerzas de seguridad. Es de esperar que lo primero redunde en mejorar la atención que actualmente se ofrece al ciudadano que acude a la comisaría a denunciar un hecho o a cumplimentar una diligencia. Lo segundo debería poner fin al largo rosario de víctimas producidas entre la población como consecuencia del uso policial de armas inadecuadas en la persecución del delito y en la represión de conflictos sociales.
La sensibilidad que muestra el Gobierno por aflegar recursos extraordinarios para la modernización -sin duda, necesaria- del aparato policial choca, sin embargo, con la cicatería en la disposición de fondos con destino a la Administración de justicia. Un plan parecido al actual, pero de contenido económico bastante inferior: 50.000 millones de pesetas, no ha logrado abrirse paso en el ámbito judicial. Y el aumento habido en los presupuestos ordinarios del Estado con destino a la justicia se jalea como poco menos que histórico.
Sin embargo, no es un secreto que una concepción integral de la seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia exige, tanto o más que unos servicios policiaies eficaces, la existencia de un aparato judicial que resuelva con rapidez los casos que se le plantean. Un efecto perverso del cada vez mayor desequilibrio entre los medios policiales y la escasez judicial es que el número de detenidos aumenta y las cárceles se llenan de presos preventivos que esperan durante meses y años el día del juicio.
