Disgusto y malestar en el Consejo del Poder Judicial por la readmisión de uno de los jueces del 'caso Bardellino'

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acordaron en mayo de 1986 la expulsión de la carrera judicial de los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos por su intervención en el caso Bardellino, se encuentran molestos y disgustados por la decisión del pleno del Tribunal Supremo de readmitir a Varón. La sentencia ha provocado división de opiniones en las asociaciones de jueces y críticas de magistrados y políticos. Hermida recurrirá ante el Constitucional por su expulsión.

Vocales del CGPJ destacaron que la decisión del máximo órgano de la justicia se adoptó por unanimidad, mientras que el acuerdo del Supremo tuvo 16 votos en contra, de los que varios van a formular votos particulares.El presidente del CGPJ y del Supremo, Antonio Hernández Gil, ha declinado pronunciarse sobre la cuestión, al igual que la inmensa mayoría de los vocales, lo que no descarta que el tema pueda ser debatido hoy por el pleno de este órgano.

Juan José Martínez Zato hizo pública su opinión como vocal, aunque precisó que no como portavoz del consejo. Zato afirmó: "Sigo plenamente convencido de que Varón Cobos es autor de una falta muy grave, pero a partir de este momento las decisiones del CGPJ y del Supremo quedan sometidas a juicio y veredicto de la opinión pública, del pueblo, de quien en definitiva emana la justicia.

Respecto a la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial en materia disciplinaria, Zato precisa que por razones de seguridad jurídica el Parlamento debe decidir con la mayor rapidez posible sobre la cuestión.

José Gabaldón, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenecían los dos magistrados sancionados, señaló que no se ha formado una opinión sobre la sentencia del Supremo porque no la conoce. Gabaldón lamentó desde el punto de vista humano y profesional, que un juez esté sometido al trance de la expulsión y mostró su safisfacción por la revisión de la sanción al otro juez. Gabaldón puntualizó que, desde el punto de vista del Estado de derecho esto es la normalidad del funcionamiento de las instituciones, y añadió que no veía la re solución como una tensión entre el Supremo y el CGPJ.

Jefatura de personal

Clemente Auger, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, no quiso opinar sobre la resolución. "No la he leído, aunque conozco bien el problema. El CGPJ es un órgano político que dimana de las Cortes, lo que le da legitimación democrática, y en el ejercicio de su función propia no puede estar supeditado al control de los magistrados que él mismo ha nombrado. El CGPJ tiene que tener dignidad y responsabilidad política frente a este tipo de procedimientos que lo reducen a una jefatura de personal. Se podría pensar como solución que la potestad disciplinaria del CGPJ sólo fuera revisable en recurso de amparo por el Tribunal Constitucional".

El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Juan Saavedra, explicó que cuando se sancionó a los magistrados, su asociación se mostró claramente a favor del CGPJ, ya que el hecho era muy grave. En cuanto a la decisión de permitir la vuelta a la carrera judicial de Varón Cobos, dijo, que habría que leer la resolución del Supremo, "ya que han debido de concurrir poderosas razones para atenuar la falta de muy grave a grave".

La asociación progresista Jueces para la Democracia manifestó que no puede hablarse de una especie de pulso entre el Tribunal Supremo y el CGPJ Se trata en principio de un acto normal de control jurisdiccional de la actividad disciplinaria del Consejo, aunque como cualquier resolución judicial es susceptible de crítica. Jueces para la Democracia indica que rechaza la tesis de sustraer del control judicial la actividad reglada del Consejo.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, afirmó que, en su opinión, resoluciones como ésta evidencian la necesidad de que se articule una ley del Jurado porque entiende que "los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados o los presuntos delitos contra jueces y magistrados no deben ser juzgados por los propios jueces sino que deben ser juzgados por los ciudadanos a través del jurado".

De su lado, el diputado de Izquierda Unida, Enrique Curiel, declaró a Europa Press que la decisión del Supremo "es un acto deliberado contra la democracia, contra el sistema de libertades y contra el prestigio de la Justicia en España; y un acto de corrupción política del más alto tribunal, porque conoce perfectamente que el juez Varón Cobos es tan responsable como el magistrado Hermida de la puesta en libertad de Bardellino".