24.000 objetores comienzan a prestar este año el servicio sustitutorio de 'la mili'

Los 24.000 objetores inscritos como tales tendrán que iniciar este año la prestación de un servicio social sustitutorio, que, según un proyecto de reglamento elaborado por el Ministerio de Justicia, tendrá una duración de 18 meses. Está previsto que el proyecto, que rija sanciones de prolongación de ese período en caso de cometer faltas graves, será estudiado mañana en, la comisión de subsecretarios, según fuentes gubernamentales. Los mayores de 28 años sólo serán obligados a. prestar el servicio sustitutorio 9 meses.

El reglamento desarrolla la ley de objeción de conciencia aprobada en 1984. Desde entonces, unos 24.000 jóvenes -en un elevado porcentaje del País Vasco y Cataluña- han sido inscritos como objetores y, tras haber sido excluidos del servicio militar, se encuentran a la espera de que sea aprobado por el Gobierno el citado reglamento. Algunos colectivos de objetores ya han expresado su oposición a realizar servicios sustitutorios de la mili.En su artículo 22, el proyecto de Justicia, cuyo titular es Fernando Ledesma, señala: "La duración de la situación de actividad de la prestación social sustitutoria se fija en 18 meses". La ley de 1984 señala que ese servicio sustitutorio debía tener una duración comprendida entre los 18 y los 24 meses. La mili dura ahora 12 meses. El Gobierno todavía puede modificar ese plazo para los objetores.

Justicia, a través de la denominada Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, se encargará de gestionar e inspeccionar el servicio sustitutorio y de proponer al Consejo de Ministros los organismos en los que podrá realizarse ese tipo de servicios. Para ello, la oficina ha hecho gestiones, entre otros organismos, con protección civil de Renfe, Cruz Roja, Dirección General de Protección Civil, Inserso (Instituto Nacional de Servicios Sociales), Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) e Icona. Con estos organismos se firmarán conciertos y tendrán que hacerse cargo del mantenimiento de los objetores.

Según el proyecto, los objetores en servicio social sustitutorio serán denominados "colaboradores sociales". Quienes superen las pruebas que se establezcan serán designados "monitores o coordinadores". Pasados los 18 meses, los colaboradores pasarán a la reserva, pero Justicia podrá de nuevo solicitar su participación en casos de graves riesgos, catástrofes o calamidades públicas. Los objetores serán clasificados en útiles, excluidos o exentos. Quienes no se presenten a los actos de clasificación, serán considerados útiles.

La prestación del servicio social podrá ser aplazada por alguna de estas causas: por ser necesaria la aportación del interesado al sostenimiento familiar, por estudios, por tener un hermano en la mili, por residir en el extranjero o por desempeñar un cargo público. Anualmente, la citada oficina fijará los efectivos anuales que deberán incorporarse al servicio social sustitutorio.

Responsabilidades penales

Semanas antes de la incorporación, los objetores recibirán la notificación del lugar y fecha en que deben incorporarse. La notificación incluirá las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes decidan no incorporarse. Según las fuentes consultadas, quienes no se incorporen podrán ser sometidos a juicio ordinario y condenados a penas de prisión. Los objetores que cumplan la legislación pasarán por las situaciones de disponibilidad, actividad y reserva. Durante la situación de actividad, los objetores necesitarán permiso para salir al extranjero. Los reservistas están obligados a comunicar a la oficina sus cambios de domicilio.

Durante el período de actividad, siempre según el proyecto elaborado por Justicia, "los colaboradortes sociales recibirán una formación básica, que se impartirá en régimen de internado", relativa sobre todo a defensa y protección civil. Los organismos en los que podrá realizarse el servicio sustitutorio serán centros sin fines lucrativos, que sirvan al interés general de la sociedad y que no favorezcan tendencias políticas o religiosas. No podrá utilizarse a los objetores en puestos de plantilla o en sustitución de empleados. Las delegaciones del Gobierno y los gobiernos civiles -donde existirá la figura de inspector de la oficina- comunicarán a Justicia cualquier irregularidad en la prestación del servicio.

Con respecto al régimen disciplinario, se dice en el proyecto: "Los objetores, durante la situación de actividad, se encuentran sujetos al deber de respeto y obediencia a las autoridades de la prestación, así como a los responsables de servicios y centros en donde ésta se realice". El reglamento incluye también una relación de faltas leves y graves, Las primeras pueden castigarse, por ejemplo, con la eliminación de permissos, y las segundas pueden ser sancionadas con la prolongación por tres meses del servicio social.

En los procedimientos abiertos por faltas graves podrá participar un abogado defensor del afectado.