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El rompecabezas belga

El rey Balduino impulsa el federalismo para resolver los enfrentamientos lingüisticos

Casi un mes después de que se celebrasen las últimas elecciones legislativas, Bélgica carece aún de Gobierno, y para intentar evitar que el actual vacío de poder sea el más largo desde la II Guerra Mundial, el rey Balduino ha tomado una inesperada iniciativa, consistente en formular él mismo los principios que deberían inspirar la actuación del futuro Gabinete. La primera tarea encargada por el monarca al Ejecutivo en gestación es la elaboración de un acuerdo que permita resolver los apremiantes problemas que enfrentan a flamencos de habla holandesa y a valones francófonos, que en octubre provocaron la caída del Gobierno encabezado por el democristiano flamenco Wilfried Martens.

A más largo plazo, el soberano insiste en la necesidad de ahondar en la reforma del Estado, es decir, acentuar su federalización, y sólo después figuran las tradicionales dificultades económicas con las que se enfrentan las democracias europeas y que en Bélgica consisten, ante todo, en la contención del déficit presupuestario, la lucha contra el paro y la preparación del mercado único en la Comunidad Europea que entrará en vigor en 1993.Esta ardua labor, que empieza por la búsqueda de una mayoría gubernamental para poner en práctica esas recomendaciones reales, ha sido encomendada esta semana por Balduino a Willy Claes, dirigente de la rama socialista flamenca, cuyos homólogos francófonos fueron los vencedores de unos comicios en los que la coalición en el poder -democristianos y liberales flamencos y valones- retrocedió, pero conserva aún sobre el papel una corta mayoría.

El orden de prioridades fijado por el rey es revelador de hasta qué punto toda la vida política y administrativa del reino sigue aún envenenada, a pesar de la regionalización del Estado acometida en 1980, por el llamado contencioso comunitario, que se cristaliza ahora en la localidad de Fourons, cuyo alcalde rebelde, José Happart, asegura querer nada menos que "internacionalizar el problema del dominio flamenco sobre Valonia".

Con apenas 4.000 habitantes, Fourons, mayoritariamente francófono, pero administrativamente vinculado a Flandes desde hace 24 años, se ha convertido en el pueblo más célebre del país desde que Happart se niega a demostrar su conocimiento del holandés, requerido por la ley para ejercer el cargo, y es entonces destituido por el Consejo de Estado flamenco hasta que sus concejales le vuelven a reelegir.

Las sucesivas sentencias de este Consejo de Estado, que suele favorecer los intereses flamencos al interpretar las leyes, han contribuido a crear una jurisprudencia en abierta contradicción con la elaborada por los tribunales del otro lado de la frontera lingüistica que divide Bélgica.

El pueblo de la discordia

Pero, aunque llegue a veces a provocar crisis de Gobierno, el pueblo de la discordia es sólo la punta del enorme iceberg que separa a ambas comunidades lingüísticas, y la geografía y la vida política belgas están salpicadas por decenas de otros Fourons que obligan, por ejemplo, a multiplicar el gasto público construyendo un trozo de autopista en Valonia, a veces innecesaria, para compensar a esa región por la mejora de la infraestructura portuaria en Flandes.La regionalización del Estado ha generado no sólo un gran número de obras públicas inútiles, recopiladas recientemente en una serie televisiva dirigida por J. C. Defosse, sino también un fuerte incremento del número de funcionarios públicos, que asciende ahora a 900.000, casi el 10% de la población, el porcentaje más alto de Europa.

No resulta extraño que para financiar ese Estado tan costoso la presión fiscal sea en Bélgica similar a la escandinava, lo que no impide al país haber alcanzado en 1985 una deuda pública interna similar al producto nacional bruto (PNB) anual, y las previsiones para este año apuntan a que el déficit presupuestario se situará aún en un 7,9%, casi el doble que la media comunitaria.

Aunque los sucesivos Gobiernos belgas ignoraron la crisis energética de los setenta, hasta que en 1982 empezaron a aplicar medidas de austeridad, la economía belga no ha sufrido excesivamente los errores de la dejadez gubernamental, y las previsiones para 1988 del mayor banco del país, la Société Générale de Belgique, son moderadamente optimistas al vaticinar una inflación del 1,9%, un excedente de la balanza de pagos del 2,2% del PNB y una ligera disminución del paro hasta un 9,8%, a pesar de que la tasa de crecimiento será de tan sólo un 1%.

Ni que decir tiene que esta relativa buena racha económica es achacada por muchos habitantes de Flandes, incluido Gaston Gems, presidente del ejecutivo autonómico, "al trabajo de los flamenco?, que representan el 60% de la población del país y en cuya región, más próspera que Valonia, se concentra ahora el grueso de la actividad industrial y de servicios.

El dominio del Norte

Mientras para muchos flamencos la federalización puede ser una manera de evitar que sus impuestos subvencionen las industrias deficitaris de Valonia, los belgas francónos ven en la nueva reforma del Estado una posible escapatoria al dominio del norte, y la denuncia por Happart de "la arrogancia flamenca" tiene entre ellos un eco que trasciende las corrientes políticas.Para una Valonia que en los años sesenta perdió su hegemonía económica y sigue aún en declive, el alcalde rebelde de Fourons es el símbolo de su resistencia, encarnada además por el partido socialista, al que pertenece Happart, que en los comicios de diciembre se convirtió en la principal fuerza política del país.

Queda ahora por ver si, como ocurrió a principios de los años ochenta, la reestructuración del Estado en ciernes no obligará al contribuyente a hacer mayores sacrificios. La Cámara y el Senado recién ele ¡dos deberán modificar la Constitución para federalizar la educación y convertir además a Bruselas en una tercera región autónoma equiparada con Valonia y Flandes.

Cualquiera que sea la coalición que integre el Gobierno, su tarea no será fácil, porque para retocar cada artículo de la Constitución se requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios.

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