La respuesta de los funcionarios.

DURANTE los dos últimos meses, el millón largo de funcionarios pertenecientes a las administraciones públicas ha celebrado sus primeras elecciones sindicales desde el inicio de la transición. Ese desfase de 10 años es una prueba palmaria de las dificultades que ha encontrado la normalización democrática en el seno de la Administración del Estado.La situación de excepcionalidad en que se encontraba el funcionario no sólo era en sí misma injusta. Ha constituido un serio obstáculo para los esfuerzos hechos en la última década a fin de agilizar el funcionamiento del aparato administrativo español, aumentar su productividad y mejorar el servicio que presta a los ciudadanos.

Tras cinco años de gobierno socialista no puede decirse que la modernización de la Administración del Estado, que fue presentada como uno de los objetivos principales del cambio prometido, haya constituido un éxito. Más bien todo lo contrario. Prueba del voluntarismo inexperto con que se inició esta tarea fueron las medidas contradictorias, o al menos inconexas, que fueron sucediéndose de manera poco meditada, sin que los frutos llegaran a ser visibles en lo que afectaba a los contribuyentes.

A ello se unió el malestar producido por el recurso abusivo al sistema de la libre designación, que ha aupado digitalmente a más de 25.000 funcionarios a puestos medios y altos administrativos desde la entrada en vigor de la ley de Reforma de la Administración, en 1984. Las dificultades que encuentra el ministro Almunia en otros ministerios para corregir esa inercia da idea del arraigo de la misma. Todo ello ha hecho que, en el momento de celebrarse las primeras elecciones sindicales en el ámbito de la función pública, amplios, colectivos de funcionarios vean con recelo e incluso con clara enemistad la política ejercida por los socialistas en las administraciones públicas.Las lecturas que se han hecho de los resultados de las elecciones sindicales que acaban de celebrarse son tan diversas como las siglas contendientes. Los sindicatos llamados profesionales, agrupados en la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), han conseguido el primer puesto, con 2.980 delegados (el 25,99%), seguidos por los sindicatos de clase, CC 00, con 2.798 delegados (24,90%), y UGT, con 2.626 delegados (22,90%). Las diferencias no son sustanciales, pero no puede dejar de llamar la atención el hecho de que UGT, que obtuvo el primer puesto en las elecciones sindicales de empresa de 1986, sólo haya alcanzado esa posición en la administración local, viéndose relegada en el conjunto de las administraciones públicas al tercer lugar.

Ello es fruto de un error de cálculo de la dirección del sindicato socialista. Su radicalización de los últimos meses fue decisiva en el fracaso de los intentos de concertación propiciados por el Gobierno. Ese radicalismo ha favorecido el desplazamiento hacia las candidaturas profesionales de los sectores moderados del funcionariado. Mientras que, en el otro extrerno, se ha favorecido a CC 00, cuyo radicalismo aparece como más genuino. Eso mismo ocurrió en 1986, cuando CC 00 batió a UGT precisamente en aquellos sectores, como la banca, en que la central socialista había mantenido unas posiciones más radicales.