El Gobierno se opone a una investigación parlamentaria del tráfico de influencias

El Gobierno socialista está dispuesto a modificar la ley de incompatibilidades de altos cargos, así como a proponer al Parlamento un estudio sobre "Ia actuación de los políticos desde 1977", según un dirigente del partido mayoritario. De esta manera quieren salir al paso de la iniciativa del Grupo Popular, que ha propuesto crear una comisión "de vigilancia sobre el tráfico de influencias". Los socialistas condicionan cualquier estudio parlamentario sobre estos temas a que se haga "con carácter retroactivo y que afecte a todos los políticos, no sólo al Gobierno del PSOE".

La constitución de despachos de asesoramiento por parte de altos cargos de la Administración socialista, inmediatamente después de abandonar sus puestos oficiales, llevó al Grupo Popular a proponer la creación de "una comisión de vigilancia sobre el tráfico de influencias", así como la modificación de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración.El último ejemplo mencionado en medios de la oposición, sobre estos temas, es el caso del ex director general del ente público RTVE, José María Calviño, quien ha aparecido vinculado estrechamente a Canal 10, una entidad de televisión privada que emitirá desde Londres, vía satélite. En medios socialistas, la iniciativa del Grupo Popular fue acogida, al principio, con indignación no disimulada. "Parece que se quiere crear una comisión para investigar a los socialistas", afirmó un ministro del Gobierno. "¿Qué es eso de tráfico de influencias, de qué figura delictiva se trata?", agregó el ministro. "Si alguien sabe que se han cometido actos delictivos, que vaya directamente a los tribunales. Se ha pasado de hablar de la prepotencia a la corrupción del PSOE", finalizó.

Pasado el primer momento de malestar, los dirigentes socialistas han pensado que lo más razonable es proponer al Congreso "una reflexión sobre la actuación de los políticos desde 1977" en la que entrará el estudio de la aplicación de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración, que ahora prohíbe a cualquier cargo público ocupar puestos en consejos de administración de empresas públicas o gestionar empresas privadas que tengan relaciones económicas con las administraciones públicas.

Eso se producirá el próximo mes, cuando se someta a debate la proposición no de ley del Grupo Popular, una vez reanudada la actividad parlamentaria.

Carácter peyorativo

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, dijo a este periódico que su grupo iba a abordar la propuesta popular "de una manera positiva". "La Cámara debe analizar la actuación de los políticos desde 1977 y comprobar la aplicación de la ley de incompatibilidades".

Martín Toval se preguntó qué significa tráfico de influencias, y abogó para que no se conceda a las "influencias" un carácter peyorativo. "Cuando AP presenta una enmienda a una ley para favorecer a un grupo social, no podemos decir que eso es tráfico ilícito con la influencia, sino influencia social; lo mismo que cuando nosotros hacemos lo mismo pidiendo que algunos productos, como son pequeñas joyas que no pasan de 100.000 pesetas, como medallas, alianzas, etcétera, no tengan un IVA de un 30% sino de un 12%, lo hacemos porque pensamos en amplias capas de la sociedad", ejemplificó Martín Toval.

A pesar de la disposición de los socialistas "a estudiar la ley de incompatibilidades y si su aplicación ha sido incorrecta, cambiarla", no están dispuestos "a dar pábulo a que se crea que hay corrupción. Todo lo que vaya en esa línea lo cortaremos", aseguró. "No nos va a ganar nadie en el terreno de ser y parecer honestos", añadió Martín Toval en referencia a su partido, para asegurar después que "la clase política de este país es honesta, aunque haya alguna excepción".