Para evitar sospechas

El Grupo Popular cree necesario establecer una total transparencia sobre la actividad profesional de antiguos altos cargos de la Administración, con objeto de evitar las sospechas de tráfico de influencias "o utilización de información privilegiada", según expone su portavoz en el Congreso, Juan Ramón Calero.

Por ello, ha presentado una proposición no de ley, que será debatida al reanudarse en febrero la actividad parlamentaria, en la que insta al Gobierno a que remita en el plazo de tres meses un proyecto de ley que modifique la actual legislación sobre incompatibilidades de altos cargos.

La modificación consistiría en ampliar el período en que los altos cargos no pueden ocupar "puestos o desempeñar profesiones en las que ejerzan de forma directa o indirecta tráfico de influencias. No podrán, asimismo, ocupar puestos en consejos de administración de empresas públicas o gestionar empresas privadas que tengan relaciones económicas con las administraciones públicas".

Ese período sería de dos a tres años después de cesar en el cargo oficial, según la proposición del Grupo Popular.

Moralizar la vida pública

La segunda parte de la propuesta se dirige a la creación de una "comisión especial de vigilancia sobre el tráfico de influencias, que controle la actividad de los antiguos cargos de la Administración".

Al presentar esta proposición, Juan Ramón Calero utilizó la ironía al afirmar su convencimiento de que el Grupo Socialista "acogerá con verdadero entusiasmo esta iniciativa, ya que responde a un deseo formulado desde siempre por ellos de moralizar la vida pública".

Calero añadió que su grupo no tenía más información que la que pudiera tener la opinión pública sobre el tráfico de influencias. "Sabemos la forma en que se negocian las reprivatizaciones de empresas expropiadas, la creación de cadenas de televisión en España, negocios en el mercado internacional efectuados por personas con acceso a información en altas esferas en la Administración pública".

Y agregó: "Por eso creemos que es necesario profundizar. Si tuviéramos más información hubiéramos utilizado otros medios -parlamentarios, como fuertes sesiones de control".

Juan Ramón Calero se refirió en extenso a la empresa de televisión Canal 10. "Sólo decimos que en este caso hay indicios de que pueda haber utilización de información privilegiada o de las buenas relaciones que el señor Calviño adquirió durante su mandato. Si hubiese pruebas fehacientes no sería sólo un caso político, sino que tendríamos dimensiones jurídico-procesales ( ... ). La comisión que pedimos nos permitiría realizar una investigación de por qué surge este Canal, sus apoyos y quién lo impulsa".

Por último, este portavoz puso como ejemplo a Estados Unidos y a los países de democracias "muy consolidadas". "En esos países la exigencia de moral pública existe, sí no con comisiones de vigilancia, sí facilitando las comisiones de investigación".