Experiencia piloto para atención inmediata a las víctimas de agresiones sexuales

Una inmediata atención policial, jurídica, médica y psicológica a las mujeres que sufren agresiones sexuales es el objetivo de una experiencia piloto puesta en marcha por la Junta de Jueces de Madrid y la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas. El mecanismo incluye la atención de las violadas por mujeres policías, que las acompañan al juzgado de guardia, donde los forenses las examinan previamente a las medidas para impedir el embarazo.

El sistema que todavía sigue aplicándose lleva consigo un retraso considerable en la iniciación de diligencias judiciales por violación, que en numerosas ocasiones terminan archivándose por falta de pruebas o de autor conocido. En Madrid, la policía venía remitiendo a las supuestamente violadas a la clínica municipal de Montesa, de donde pasaban a la autoridad judicial, y sólo después de varios días, en caso de que el juez hubiera iniciado diligencias, eran examinadas por el médico forense. Según el decano de los médicos forenses, José Antonio García Andrade, "hasta ahora, llegaban muy tarde a nosotros con lo que se dificultaba la recogida de pruebas y la apreciación de los signos del delito".El decano de los forenses resalta la importancia del reconocimiento médico-forense, "no sólo para examinar la posible desfloración sino también las señales de lucha o ansiedad". García Andrade aconseja a las violadas que aguanten el asco y eviten lavarse antes de ser examinadas por el forense, como medida necesaria "para la recogida de semen, vellos o pelo del violador, esenciales para indagar su identidad".

Para la declaración judicial de la violada está previsto que el juez se traslade a la clínica médico-forense, anexa al juzgado de guardia. El decano de los jueces de Madrid, Antonio García de Paredes, informa que existe un acuerdo de la Junta de Jueces que establece la inmediata intervención del forense, así como "la preferencia que deben dar los juzgados de guardia a los casos de mujeres violadas, de forma que el mismo día del hecho se produzca la toma de pruebas". García de Paredes explica que, sólo falta que la comunidad autónoma "cuente con un centro para tratamiento antiembarazo y psicológico".

Cuatro inspectoras

Por otra parte, la comisión provincial de policía judicial ha dispuesto que cuatro inspectoras atiendan a las violadas. Una de estas inspectoras, María del Carmen Santa Cruz, recuerda que el funcionario de guardia de cada comisaría tiene obligación de informar a la mujer que desea denunciar una violación de su derecho a ser atendida por una inspectora de policía, que la acompaña al juzgado de guardia y al forense.

"Hace poco acompañé al juzgado de guardia a una mujer a la que en la clínica de Montesa no le habían apreciado unos desgarros anales ni las huellas de una navaja, que yo misma observé", dice Santa Cruz. Y añade: "Ahora mismo estoy atendiendo en la comisaría de Chamartín a una mujer agredida sexualmente hace tres días, que ha pasado por dos centros médicos y ni caso".

La presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas (con servicio de 9.30 a ocho de la tarde en la calle de O'Donnell, 42, teléfono 274 01 10), Carmen Roney, informa que durante su primer año de funcionamiento la asociación ha constatado la existencia de 214 casos de violación. Roney calcula que sólo se denuncia un 10% de las violaciones producidas, y nunca aquellas de las que es autor el marido. Destaca lo dificil que es tener una estadística de violaciones, ya que cuando existe robo y violación la actuación delictiva se registra como robo.

Roney elogia el buen trabajo que realizan las inspectoras de policía, experiencia ensayada con éxito en Francia, pero señala que no siempre se informa a las mujeres del derecho a ser atendidas por ellas. Las jornadas que se celebrarán en enero abordarán la etapa ulterior a la policial y judicial: el tratamiento tras la violación. El objetivo es evitar infecciones e impedir un embarazo, para lo que es necesario tomar la llamada píldora del día siguiente. La asociación presta gratuitamente asistencia de abogada y psicóloga, "pero la escasa subvención de la Comunidad de Madrid nos impide ampliar los servicios, y no aceptamos", dice, "que se aumente si tiene que ser al precio de controlarnos o quitarnos nuestra independencia y capacidad de denuncia".