Esta cocaína es mía

Un español, Joaquín Codes Terrer, condenado a 10 años de prisión por un delito de tráfico de cocaína cometido por su joven amante, permanece desde hace cuatro años en la prisión de Lurigancho (Perú), al negarse a solicitar cualquier reducción de pena o traslado a España que comporte la asunción de su culpabilidad. Durante todo este tiempo sus padres han entregado seis millones de pesetas para conseguir la puesta en libertad de su hijo, cantidad que ahora consideran que les ha sido estafada.

El ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, se interesará por este español durante su próxima visita a Perú.Joaquín Codes, de 32 años, se hizo responsable de los 119 gramos de cocaína encontrados por las autoridades aduaneras peruanas, en octubre de 1983, en la chaqueta de su novia antes de tomar el avión de regreso a España.

Francine Carrera Dumont, su amante, le había pedido que se declarara culpable, asegurándole que un abogado así se lo había aconsejado y que en 15 días saldría en libertad. Todos estos argumentos, incluido un reconocimiento de culpa de la joven, están recogidos en una carta que, después de haber sido autentificada por expertos grafólogos de la policía como letra de Francine, no constó como prueba de sumario.

Francine Carrera, una mujer rubia y atractiva de 24 años, fue puesta en libertad y se marchó a vivir durante un tiempo con el hijastro de uno de los más importantes narcotraficantes de Perú, Carlos Langberg. En la actualidad viaja a España con asiduidad y reside temporalmente en Madrid y Barcelona.

Mientras tanto, la familia de Joaquín Codes, auxiliar de vuelo de la compañía Iberia en el momento de su detención, continúa haciendo gestiones para conseguir su libertad y se queja de la inmensa corrupción de la justicia peruana que ya les ha costado algo más de seis millones de pesetas.

Según el cónsul español en Perú, la salud mental de Joaquín Codes se ha deteriorado desde que fue internado en el penal de Lurigancho, y se ha mostrado reacio a firmar su petición de cumplimiento de pena en una prisión española que, mediante un convenio hispano-peruano, es efectivo desde el pasado 9 de junio.

El resto de los presos españoles encarcelados en Perú -Juan Rocamora, Enrique Coll: dos kilos de cocaína; Osuna, ATS: 600 gramos; Uría: tráfico de estupefacientes; Tremps: 400 gramos; Alcalde: 15 gramos; Serra: 270 gramos; Tenería y San Isidro, expulsados del mercante donde trabajaban por consumir droga, y Orovio, por apropiación ilícita de dinero- esperan verse favorecidos por este convenio y poder cumplir sus penas en España.