El líder socialista chileno Almeyda, inhabilitado políticamente por 10 años
El ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Unidad Popular Clodomiro Almeyda fue condenado ayer a Inhabilitación política durante 10 años en un fallo dividido del Tribunal Constitucional. El dirigente queda imposibilitado para presentarse a cargos de elección popular, ejercer la docencia, dirigir medios de comunicación y trabajar en cargos públicos, y sus opiniones políticas no podrán ser difundidas.
La condena, que por primera vez proscribe a un chileno de la vida pública y virtualmente elimina a Almeyda como político, tiene un carácter inapelable. Es también la primera oportunidad en que se aplica a una persona el artículo octavo de la Constitución, que proscribe a los políticos de corrientes consideradas "totalitarias". Almeyda recibió la notificación de su condena en la cárcel de Capuchinos, donde se encuentra desde hace cinco meses.El Tribunal Constitucional, formado por siete jueces (tres ministros de la Corte Suprema y cuatro designados por los poderes legislativo y ejecutivo) condenó a Almeyda por cuatro votos contra tres. El abogado del dirigente socialista, Pablo Lagos, dijo que el fallo "es un atentado más contra los derechos humanos y las libertades básicas del pueblo de Chile".
Según Lagos, la institucionalización del apartheid civil en Chile merece "el más categórico rechazo de todos los que están por la más pronta recuperación de la democracia y de la justicia". El abogado del dirigente socialista señaló que el fallo "no quebrantará el espíritu de rebeldía contra la sinrazón y la injusticia que tiene Almeyda, sino que redoblará su voluntad de hacer lo que esté de su parte, sea en prisión o fuera de ella, para que vuelva la democracia".
Tres fallos adversos
Para Almeyda éste es su tercer fallo adverso en un año. Fue condenado a 541 días de cárcel por haber entrado ilegalmente en Chile, y a otros 541 por supuesta apología del terrorismo. Ambos fallos han sido impugnados ante la Corte de Apelaciones por la defensa del ex vicepresidente, aunque la condena por ley antiterrorista le impide la remisión condicional de la pena. En marzo entró clandestinamente en Chile por un paso de montaña, desafiando el castigo de exilio al que estaba sometido desde 1975. Cuando se presentó a los tribunales de justicia, el régimen lo deportó a la austral localidad de Chile Chico, donde permaneció tres meses y fue después trasladado a la prisión en Santiago.
