El Parlamento italiano aprueba la ley que obliga a los jueces a pagar por sus equivocaciones
El Parlamento italiano aprobó ayer por 384 votos a favor, 74 en contra y 14 abstenciones la nueva ley que regula la responsabilidad civil de los jueces. Al proyecto se le había llamado la ley de la discordia, porque el tema había llevado a elecciones legislativas anticipadas y fue más tarde objeto de un referéndum popular. Ahora ha recibido el apelativo de ley del equilibrio.
La han votado no sólo los partidos del Gobierno, sino también la oposición comunista. Los más enfadados son los radicales quienes piensan que la nueva ley, que sustituye a las normas abrogadas por el referéndum de noviembre pasado, no está aún ein la línea del espíritu de una consulta popular ganada por quienes querían que jueces y magist,rados pagasen de su bolsillo cuando se equivoquen en un proceso en perjuicio del ciudadano. Marco Pannella, líder radical, ha anunciado que, en protesta, dirnitirá corno diputado cuando la ley sea definitivamente firmada por el jefe del Estado.Sin embargo, los observadores han calificado la nueva ley, que deberá aún recibir también la aprobación del Senado, donde no se esperan sorpresas, de "buena, severa y equilibrada".
De ahora en adelante, cuando un ciudadano se considere injustamente dañado por una equivocación en una sentencia, puede recurrir a un tribunal para pedir resarcimiento de daños. Éste corresponderá al Estado, el cual, a su vez, podrá adueñarse de la tercera parte del sueldo del juez que se ha equivocado no sólo por dolo, sino también por simple negligencia.
El ciudadano tiene un año de tiempo para hacer causa contra el juez que le ha perjudicado. Pero si el asunto del juicio es secreto, no tiene límite de tiempo para recurrir. Podrá hacerlo cuando conozca los motivos de la sentencia.
Se calcula, según los 14 artículos de la nueva ley, que el ciudadano dañado podrá ser resarcido totalmente en el espacio de cuatro años, mientras el juez castigado no verá recortado su sueldo antes de siete u ocho años. A pesar de ello, las compañías aseguradoras ofrecen pólizas de seguros muy sugestivas a jueces y magistrados para que puedan trabajar tranquilos.
Los radicales habían intentado introducir una enmienda que pedía que el Estado pudiera adueñarse de la mitad y no sólo de una tercera arte del sueldo del juez en cuestión, pero la moción fue rechazada al votar en contra de ella también los comunistas.
El Parlamento tenía sólo 120 días para aprobar dicha ley tras el referéndum. La materia era tan delicada que el mismo jefe del Estado, Francesco Cossiga, había pedido al Parlamento que actuara con rapidez.
Ahora todos se sienten orgullosos de que en sólo 40 días se haya conseguido una convergencia en la famosa manzana de la discordia. Quienes están menos contentos son los jueces y magistrados, los cuales se reservan su respuesta de lucha contra la ley una vez aprobada definitivamente.
