Aviación Civil busca fórmulas jurídicas para legalizar títulos irregulares de piloto

CARLOS YÁRNOZ El director general de Avilación Civil, Manuel Mederos, ha ordenado a sus asesores que analicen fórmulas jurídicas para resolver el problema derivado del hecho de que los pilotos de líneas aéreas procedentes del Ejército obtuvieron sus títulos de forma irregular porque no cumplieron, todos los requisitos exigidos por la ley.

Mederos entiende que "no se cumplió escrupulosamente" la legislación vigente en los años sesenta, setenta y comienzos de los ochenta y que, sólo a partir de 1983, los títulos de piloto comercial y de transportes se concedieron "con el máximo respeto a la normativa vigente:". No obstante, para Mederos es un problema de menor importancia, ya que, según explica, lo importante no es el título sino la licencia para volar que deben renovar periódicamente todos los pilotos de líneas aéreas.En Aviación Civil, se estima que las soluciones pueden ser tres: dictaminar que se trata de irregularidades ya prescritas; aprobar una resolución por la que los títulos sean ahora convalidados; si fuera necesario, obligar a los pilotos a realizar masivamente el examen que en su día no efectuaron a pesar de ser exigido por la ley.

Querella contra seis pilotos

Javier Aguado del Moral, inspector de vuelo de Aviación Civil, ha denunciado en varias ocasiones que los pilotos procedentes del Ejército del Aire no realizaron el necesario "examen de vuelo y teórico" que exige una orden ministerial de 1955 como requisito necesario para obtener el título de piloto.

Aguado, que denunció este hecho en 1984 al entonces director de Aviación Civil, Pedro Tena, presentó hace un mes una querella contra los comandantes de Iberia Vicente Girón Benavides (hoy presidente del sindicato de pilotos), José Ignacio Fernández Iglesias, Luis Alcázar, Marcelino Sánchez López y Alfonso G. Romero.

Aguado del Moral pide en su querella "la suspensión" de los títulos de piloto de los seis citados y de todos aquellos que los hayan obtenido de forma irregular, cuya cifra puede ascender, sólo en Iberia, a más de 500 empleados de la compañía.

José Luis Galán, abogado de Aguado, ha señalado que, si bien los delitos relativos a la expedición de los títulos pudieran estar prescritos, el uso de esos títulos -que en la mayoría de los casos fueron dados con carácter provisional- "es un delito de actividad actualmente perseguible". En la querella se indica que "es imposible olvidar el altísimo riesgo que están corriendo centenares de personas transportadas irresponsablemente por quienes no tienen titulación para ello".