Nuevo clima sobre Gibraltar

EL ACUERDO entre el Reino Unido y España sobre el aeropuerto de Gibraltar constituye un doble éxito: para los dos países directamente afectados y para la Comunidad Europea (CE). La dinámica de integración comunitaria ha funcionado en este contencioso que enfrentaba duramente a dos de sus países miembros. Como otras veces en el pasado, el impulso de cohesión que late en el proyecto hacia una Europa unida ha resultado ser más fuerte que las posturas estrechamente nacionalistas que enconan los conflictos. Hay que felicitarse de que España y el Reino Unido no hayan sido insensibles, a este impulso y hayan sabido resolver, a pesar del contencioso que las separa sobre Gibraltar, el problema del aeropuerto que bloqueaba una directiva de la CE tendente a aumentar el grado de integración de las comunicaciones aéreas.A la firmeza con que España ha abordado este conflicto el Reino Unido ha respondido con una postura realista. Ello ha hecho posible un acuerdo tras meses de negociaciones. Es el primero al que se llega desde que hace 283 años el Reino Unido se hiciese por la fuerza con el peñón de Gibraltar, y el hecho de que haya sido posible augura un nuevo clima en el diálogo de sordos que tradicionalmente han mantenido españoles y británicos en esta cuestión. España no tenía otra salida que oponerse a la entrada en vigor de una directiva comunitaria que el Reino Unido pretendía aprovechar para dar un status británico a un aeropuerto que, como el de Gibraltar, ha sido construido una zona ¡legítimamente ocupada y no incluida en las estipulaciones del Tratado de Utrecht. No haber actuado de esta manera hubiera sido tanto como aceptar que una norma comunitaria saldase indirectamente a favor de la parte británica una cuestión sometida a litigio y sobre la que precisamente España y el Reino Unido mantienen conversaciones casi permanentes desde 1984. El Reino Unido no se ha opuesto a una salida realista del conflicto dentro de lo insostenible que resulta hoy día que un país integrado en la CE mantenga un enclave colonial en el territorio de otro país también miembro de la misma entidad política.

El acuerdo logrado contiene una cláusula que deja a salvo la reivindicación de España de la soberanía del Peñón y de las zonas anejas ocupadas con posterioridad a la firma del Tratado de Utrecht. Éste era el punto más caliente del conflicto y en el que la postura del Reino Unido estaba más condicionada por la intransigencia de que han dado muestras a lo largo de las conversaciones los actuales dirigentes de la población gibraltareña. Conseguida la avenencia sobre esta cuestión de principio, llegar a acuerdos puntuales sobre la utilización conjunta del aeropuerto presentaba menos dificultades. España tendrá bajo su control una terminal en el aeropuerto, por la que pasarán todos los viajeros, nacionales o extranjeros, con destino a su territorio; formará parte del comité que se creará para coordinar las terminales británica y española, y serán las autoridades españolas, y no las gibraltareñas, las que autoricen los vuelos de las compañías aéreas españolas a Gibraltar.

Hay, sin embargo, en el comunicado un punto que no se puede pasar por alto, sobre todo después de lo dicho por sir Joshua Hassan y sir Geoffrey Howe, en el sentido de que las autoridades gibraltareñas tendrán voz en la puesta en práctica de la legislación necesaria para la aplicación del acuerdo, y, por tanto, la posibilidad de aplazarla o sabotearla. Es obvio que el acuerdo es entre España y el Reino Unido. Y que el Reino Unido es el responsable de su cumplimiento; el único. Ante España y ante la Comunidad Europea. No cabe ni imaginar que el Gobierno británico permita que la intransigencia anacrónica a la que se aferran las autoridades de Gibraltar, con argumentos de otra época, obstaculice un acuerdo entre Madrid y Londres cuya importancia para la CE es evidente. Conviene que Londres haga claridad sobre este punto y no permita que una sombra enturbie el nuevo clima que el acuerdo augura.