Ante una nueva sociedad

Tras cinco años de Gobierno socialista, hoy, cuando afrontamos el último tramo del siglo XX, y por primera vez a lo largo del mismo, España tiene ante sí un futuro de esperanza y progreso. Todas las trabas internas y externas que a lo largo de este: siglo han impedido nuestro desarrollo como pueblo pertenecen ya al pasado. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, dependemos de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad para construir un país moderno, eficiente, solidario, que avance hacia la sociedad del bienestar y sea respetado en el concierto internacional.El cambio de las reglas del juego para que pueda aflorar el dinamismo de una sociedad libre y moderna ha sido nuestro principal mérito y contribución en el período 1982-1987, pero es también nuestro principal riesgo como partido en el futuro. Hemos sido muy eficaces a la hora de resolver los problemas históricos del país. Ahora tenemos que demostrar la misma eficacia afrontando los problemas de una sociedad moderna contemporánea. Desde esta perspectiva, el proyecto socialista comienza a tener dificultades derivadas de tres cuestiones: la descalificación de la política económica por parte de los sindicatos, las nuevas demandas sociales emergentes y nuestra propia capacidad de gestión, las desorientaciones derivadas de nuestro debate ideológico todavía inconcluso sobre el futuro del socialismo. A estas tres cuestiones haré referencia en las siguientes líneas.

Los sindicatos

Los sindicatos afirman estar en contra de la política económica del Gobierno y, sin embargo, no han aceptado la invitación para debatirla. En los últimos tiempos, la descalificación hacia la misma es global. Sin embargo, parece obvio que el Gobierno ha acertado en el diseño de su política económica. Al menos, así lo corrobora la incontestable realidad de los datos sobre nuestra economía. La economía española crece a un ritmo que dobla el del resto de Europa. El empleo neto ha crecido en los dos últimos años en una cifra equivalente a la fallida promesa de 1982. En cinco años, la inflación ha pasado del 14% al 5%. Las inversiones privadas productivas nacionales y extranjeras han aumentado de un modo sustancial en los dos últimos años. Parece, por tanto, posible que en 1988 haya más márgenes que en el pasado para hacer una política de más amplios objetivos sociales, aunque con la lentitud y la cautela propias de un país que solamente despega de un horizonte de pobreza, de crisis.

El Gobierno socialista se ha movido en un difícil equilibrio, combinando los principios de solidaridad colectiva con las lecciones de la crisis, una crisis no keynesiana que no admitía por ello; como debería ser obvio, una respuesta de tipo keynesiano. La alternativa que habría sido progresista en los años cincuenta (hacer crecer los salarios y el empleo a la vez) no era posible en los ochenta. Reactivar la inversión para crear empleo ha requerido de una política de moderación salarial, algo muy mal entendido por los trabajadores con empleo, pero necesaria para ser solidarios con los que no lo tienen.

Es el socialismo español, con una buena mayoría social y una economía en crecimiento, la opción política que puede tener la fuerza moral para impulsar en el futuro un proyecto de organización social moderno, justo, solidario y eficiente.

Por ello, los sindicatos no deben confundir su necesaria independencia con la confrontación permanente ni la discrepancia reivindicativa concreta con la descalificación global de la política del Gobierno. El verdadero pacto de izquierda que necesita este país a la salida de la crisis debe girar sobre el modelo de crecimiento futuro. Es preciso reagrupar a las fuerzas del progreso de este país (partido socialista y sindicatos, fundamentalmente) en un gran acuerdo sobre el modelo de crecimiento. El partido socialista tiene la obligación de plantear una y otra vez este debate y esta necesidad a los sindicatos. Los dirigentes de los sindicatos, que son hombres de izquierda, deben entender que es preciso el reagrupamiento de las fuerzas de progreso para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, y por ello no deben refugiarse en una estrategia meramente reivindicativa. La necesidad de la confluencia de las fuerzas de progreso debemos entenderla todos para no tener que lamentarlo en el futuro, porque podemos estar ya en el filo de la navaja.

Cambios

La sociedad española de hoy tiene bastante poco que ver con la de hace tan sólo cinco años. Los cambios introducidos por el Gobierno socialista han despertado una nueva dinámica social. Emerge una nueva clase empresarial, la clase obrera cambia su perfil, surgen pujantes algunas economías regionales y los ciudadanos en general plantean nuevas exigencias al Gobierno. Esta nueva dinámica es uno de los grandes activos que tiene hoy la sociedad para abordar el futuro.

En buena medida, este dinamismo se traduce en nuevas exigencias sociales al Gobierno socialista que tienen una doble vertiente. En primer término, que los servicios funcionen. Que España funcione (objetivo no alcanzado todavía). Seamos autocríticos. Hemos tenido una gran capacidad para orientar y resolver los problemas históricos del país (de los heredados ya sólo queda el terrorismo). Dudo que hayamos tenido la misma eficacia para resolver los problemas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos (desde la sanidad a la justicia, desde la Universidad a la lucha contra la droga, desde el transporte aéreo a Correos, desde el tráfico rodado a la seguridad ciudadana, desde las infraestructuras necesarias al funcionamiento eficaz de la Administración). Resueltos los problemas históricos, es necesaria una mayor eficacia en la solución de los cotidianos.

Existe otra manifestación de este nuevo dinamismo que se traduce en el afloramiento de nuevas reivindicaciones planteadas desde múltiples sectores sociales al mismo tiempo. Unas son corporativas y otras no. En todo caso estamos ante un problema que debemos meditar en el próximo congreso: corremos el riesgo de que las nuevas demandas sociales vayan por delante del proyecto socialista, En muchos casos, además, pueden ir más allá de los recursos públicos disponibles para satisfacerlas. Por ello sigue siendo esencial la explicación de las etapas y del gradualismo del proyecto socialista desde una actitud de diálogo con los sectores que las plantean. Asimismo se requiere señalar con claridad que las prioridades de la solidaridad hay que establecerlas en relación con las principales víctimas de la crisis económica: los jóvenes sin empleo y los desempleados de larga duración. Sin olvidar que atender la construcción de los servicios universales de educación, salud, pensiones, servicios sociales, para avanzar hacia la sociedad del bienestar.

El hecho de que el socialismo sea la fuerza política impulsora de la transformación económica en España enfrenta a éste con la necesidad de revisar viejos dogy concretar nuevos principios. En este terreno hay que debatir y clarificar, entre otras cuestiones, la función del Estado: cuánta intervención y qué tipo de intervención pública se consideran necesarias.

Debido a que el régimen franquista era altamente intervencionista, los socialistas hemos tenido que actuar liberalizando, flexibifizando los mercados financieros, los mercados de bienes de servicios y, en la medida necesaria, el mercado de trabajo. La concepción del mercado como un sistema de asignación de recursos necesario es, por tanto, algo que hemos aprendido en la práctica, como respuesta necesaria, desde el ejercicio del poder, a una situación de excesivo intervencionismo y autarquía.

Guiados por un espíritu crítico es como podemos enjuiciar la función de la empresa pública, porque su existencia no se debe a nuestra labor sino a una política de aluvión y prebendas practicada por el régimen autoritario. Enjuiciémosla, por tanto, con un sentido pragmático: de acuerdo con la efectividad que pueda tener dentro de una política industrial en la que el Estado crea marcos adecuados para la definitiva modernización de la empresa española.

Esto no significa que no tengamos en cuenta las imperfecciones económicas del mercado ni su inoperancia como mecanismo de redistribucíón y justicia social. El mercado no es un mecanismo perfecto de asignación de recursos económicos. Hay que intervenir para corregir las injusticias que genera. Esto reafirma la necesidad de políticas microeconómicas: en el mercado de trabajo, en la política industrial, en el sistema financiero, en la política regional, en las infraestructuras económicas. El mercado no redistribuye la renta, tan sólo distribuye recursos. Por eso el Estado, lo público, deberá seguir siendo la instancia básica que asegura la provisión universal de servicios básicos como la sanidad o la educación, al tiempo que organiza la solidaridad con los desempleados y los nuevos marginados.

Tanto el tipo de intervención que el Estado debe practicar como el ámbito de la misma parece que apuntan hacia un concepto más amplio de democracia: la democracia social del Estado no cerrado, la democracia económica como instrumento básico de lucha contra la explotación en una economía de mercado que incluye la competitividad económica para garantizar el máximo crecimiento posible apoyada por un Estado que organiza la solidaridad y la justicia social en la sociedad. Ganar la batalla de la crisis económica, y de la modernización del país organizar la solidaridad social y definir las pautas de una nueva democracia económica y de nuevos mecanismos de redistribución de la renta deben constituir objetivos fundamentales del proyecto socialista en los próximos años y, por consiguiente, temas de reflexión en el XXXI congreso.

es secretario de Organización del PSOE.