La oposición se mantiene contra la ley de televisión privada, pese a las últimas rectificaciones del PSOE

Alianza Popular, CDS, Izquierda Unida, PDP y PL mantienen su propósito de votar en contra del proyecto de ley de la televisión privada después de haber conocido las rectificaciones "de detalle" a las que están dispuestos los socialistas. El PNV también discrepa de la redacción del proyecto, y Minoría Catalana no sólo se opondrá al texto de la ley, sino que, cuando esté definitivamente aprobada por el Parlamento, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra ella, según anunció ayer su diputado Josep López de Lerma.

El PSOE tiene, por tanto, todas las perspectivas de quedarse solo en la defensa del proyecto de ley, aprobado por el Gobierno el pasado día 4 de abril y que será debatido en el pleno del Congreso a mediados de la semana próxima.

En las conversaciones mantenidas en los últimos días por el portavoz del grupo parlamentario socialista, Eduardo Martín Toval, con los representantes de los grupos de la oposición, el PSOE anunció la elevación en 5 puntos -del 10% al 15%- del porcentaje mínimo de emisiones de producción propia de las cadenas privadas y el establecimiento de la obligación de que el 55% de su programación sea de "expresión originaria española".

La introducción de este precepto parece relacionada con la matización prevista por, los socialistas para que el 40%. de la programación emitida no sea ya de "producción nacional", como se preveía hasta ahora, sino de países de las comunidades europeas. Asimismo, se pretende satisfacer las solicitudes realizadas por representantes de Estados hispanoamericanos que aspiran a ampliar el mercado comercial televisivo de sus países.

Fuentes socialistas anunciaron la aceptación de la propuesta del CDS para que el cómputo del porcentaje máximo de publicidad permitida -10% de la programación- sea realizado sobre un período anual en vez de mensual.

El PSOE ha renunciado asimismo a mantener la tesis de creación de un organismo autónomo para la televisión privada, con lo que pasará a ser competencia directa del Ministerio de Transportes la elaboración del plan técnico nacional de la televisión privada, la contratación y gestión de los sistemas de transporte y difusión de las señales televisivas así como las propuestas de extinción de las concesiones para emitir y la labor inspectora del cumplimiento de las reglas impuestas por la ley de televisión privada.

Campañas electorales

Los principales grupos parlamentarios de la oposición consideran que el texto destinado a regular el funcionamiento, mediante concesión administrativa, de tres canales privados de televisión es restrictivo, reglamentista e invade, según los partidos nacionalistas, competencias de las autonomías.

A éstos y otros motivos puede añadirse uno más en los próximos días si el PSOE mantiene el criterio de promover una ley orgánica que imponga a las televisiones privadas las mismas limitaciones que para los medios de comunicación de propiedad pública establece la ley electoral general.

Dicha ley prohíbe la contratación de espacios de publicidad electoral durante las campañas previas a los comicios, obliga a espacios gratuitos de propaganda y establece rígidamente la distribución de éstos según el número de votos de los partidos en las elecciones precedentes.

La explicación ofrecida por un alto cargo gubernamental acerca de la definitiva negativa a autorizar por el momento emisoras municipales de televisión remite a la voluntad del Gobierno de "evitar la influencia de las tendencias localistas en un país como el nuestro, con serios problemas de articulación cultural". "El Gobierno", agregó la misma fuente, "ha tomado una decisión política y en estos momentos juzga que es prioritaria la consolidación del modelo de televisión que ha elegido", antes que ofrecer cobertura legal a la puesta en marcha de cuantas iniciativas son técnicamente viables.

Amparado en este criterio político de "protección cultural", el Gobierno no ha permitido que las emisoras privadas puedan difundir programas de televisión exclusivamente en las regiones que les interese, porque "previsiblemente, serían las regiones más ricas, las que más cartera de publicidad puedan ofrecer, las que resultarían beneficiadas en perjuicio de las menos favorecidas económicamente", según el razonamiento de una fuente socialista. En contrapartida, según la versión gubernamental, las áreas sobre las que están obligadas a emitir las emisoras privadas -aparte de las horas de programación global para toda España- combinarán provincias de escaso mercado publicitario con otras de importante desarrollo económico para que en conjunto resulten rentables a los empresarios.