Policía bajo sospecha

ACTUACIONES JUDICIALES en Francia y Portugal respecto a los crímenes cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) conducen a un mismo nombre: José Amedo, subcomisario adscrito desde hace años a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. El hecho de que aquí y allá se acumulen indicios sobre la eventual participación de un funcionario español en acciones criminales en un país extranjero amigo, como Francia, no sólo ha de preocupar al interesado. También debería hacerlo, y mucho, a las autoridades españolas. En referencia a este caso, el presidente del Gobierno reivindicó ayer públicamente el derecho a la presunción de inocencia de los servidores del Estado que arriesgan su vida en la lucha contra el terrorismo. Nada más justo y merecido, si con ello no se reivindica al mismo tiempo un derecho a la impunidad incompatible con los fundamentos del Estado democrático. La presunción de inocencia no es, en principio, mayor ni menor para ningún ciudadano, sea cual sea su condición. Y si Amedo resulta sospechoso, lo que conviene aclarar es si las dudas se ciernen sobre él a título individual o sobre su actividad al servicio del propio Estado, punto este mucho más interesante que la exclusiva responsabilidad personal de Amedo.Hasta ahora, el dato más firme de la tela de araña que se está tejiendo en torno al funcionario español es la iniciativa de la justicia francesa directamente encaminada a aclarar su papel en el entramado de los GAL. Ya no se trata de imputaciones más o menos creíbles de truhanes, mercenarios o hampones, interesados en echar sobre las espaldas de otros su responsabilidad en la comisión de los crímenes que se les atribuyen. Se trata de una valoración judicial que otorga cierta consistencia a unos indicios, y, en virtud de ello, pone en marcha los procedimientos correspondientes para llegar a un junio más fundado. Por el momento, nada definitivo. Pero la misma iniciativa judicial en un asunto tan escabroso como es la eventual implicación de un policía español en los crímenes de los GAL tiene todas las características de una bomba de relojería. Si estalla, sus efectos serían imprevisibles.

No otro es el sentido que debe darse a la entrega a la Audiencia Nacional por el juez de Bayona de los documentos en que se resumen sus averiguaciones sobre la actuación del funcionario; en el mismo sentido se inscribe la luz verde solicitada por este mismo juez para proceder a la detención del subcomisario. Los instrumentos legales con que cuentan Francia y España para ayudarse mutuamente en la persecución del delito son múltiples. Aparte del tratado bilateral de extradición, que data del año 1878, existe el convenio de asistencia judicial en materia penal firmado en el año 1969. A ellos hay que añadir los convenios de auxilio judicial multilateral vigentes en el ámbito europeo: el de represión contra el terrorismo, el de extradición y el de asistencia judicial en materia penal.

El espacio judicial europeo por el que apuesta públicamente el presidente del Gobierno, Felipe González, tiene ya un entramado bastante consistente. Todas las posibilidades están previstas para no dejar impune el hecho criminal: la extradición, aun de ciudadanos del propio país, al Estado que la solicite por un hecho delictivo cometido en su territorio; el enjuiciamiento del hecho por los mismos tribunales nacionales, o la comparecencia voluntaria del implicado ante la autoridad judicial extranjera que le reclama. Posibilidades que no hacen distingos entre crímenes de ETA y de los GAL.

El caso constituye un reto para la independencia de la justicia española. Los GAL han cometido en suelo francés 23 asesinatos, algunos de ciudadanos franceses. Si la investigación apunta hacia España es comprensible que Francia exija el mismo tipo de colaboración que viene prestando contra el terrorismo de ETA. Es imposible que una cuestión como ésta no preocupe al Gobierno y al ministro del Interior, aunque el secretario de Estado para la Seguridad haya negado que así sea. Los ciudadanos, cuya seguridad teóricamente garantiza ese señor secretario, tienen derecho, en cualquier caso, a preocuparse. Y no digamos nada el subcomisario Amedo.