La trama siniestra

CASI SIMULTÁNEAMENTE se han celebrado en España, Portugal y, Francia juicios que han permitido proyectar un poco de luz sobre la punta del iceberg en el que hunden sus raíces la siniestra trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y la treintena de criminales acciones que le son atribuidas entre octubre de 1983 y julio de 1987. La investigación judicial ha venido a reforzar lo que la investigación periodística ha descubierto hasta ahora sobre la generalizada sospecha de implicaciones del aparato del Estado, o sectores del mismo, en la actuación criminal de este grupo terrorista, pero ha confirmado al mismo tiempo las dificultades insuperables con que se enfrenta la justicia para hacer resplandecer toda la verdad en asuntos de esta naturaleza.En Francia, el tribunal de Pau juzga en estas fechas -acusados de atentar en septiembre de 1985 contra el bar Monbar, de Bayona, con el resultado de cuatro vascos españoles muertos- a dos miembros del hampa marsellesa integrados en el comando de los GAL que lideraba el francés Jean-Philippe Labade. Precisamente, este último ha sido condenado recientemente en Portugal, junto con varios elementos de la trama portuguesa de los GAL, a varios años de cárcel, como autores de dos atentados perpetrados respectivamente en Bayona y San Juan de Luz (Francia) en febrero de 1986. El tribunal portugués ha considerado probada la naturaleza "terrorista" de los GAL, cuyo objetivo era "raptar, torturar y matar". Entre los condenados figura un miembro de los servicios secretos militares portugueses (DINFO). Este hecho y la insistencia de los acusados portugueses en implicar en la organización de los atentados a dos policías españoles -uno de los cuales es, según este testimonio, el subcomisario José Amedo, destinado en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao han comprometido al ministerio público de Portugal a investigar la eventual participación de elementos oficiales portugueses y españoles en la particular guerra sucia de los GAL contra ETA.

En España, la Audiencia Nacional no ha llegado tan lejos como el tribunal portugués en el juicio celebrado a finales de octubre contra cinco personas acusadas de participar, en diciembre de 1985, en el asesinato del ciudadano francés Robert Caplanne, al que al parecer conflandieron con un refugiado vasco. El tribunal español ha condenado a cuatro de los acusados por el asesinato del ciudadano francés y ha admitido que formaban parte de una asociación ilegal, pero no ha considerado probado que ésta fuera los GAL. La simple confesión de los implicados de que pertenecían a esta organización criminal no ha sido suficiente prueba para la Audiencia Nacional. Como tampoco ha merecido interés alguno al tribunal español la condición de confidente policial del jefe de este grupo de facinerosos, Ismael Miquel Gutiérrez, actualmente detenido en Tailandia, donde cumple condena a cadena perpetua por tráfico de drogas.

Arriesgado sería tomar por oro de ley la palabra de gentes mercenarias, lógicamente interesadas en cubrirse con la capucha de una eventual responsabilidad policial en los crímenes de que se les acusa, pero la leve esquina de la alfombra que, pese a todo, ha sido levantada basta para dejar constancia de que son algo más que sospechas lo que lleva a la conexión oficial en la confección de esta negra página de la historia contempóranea. Esta constatación ha sido probablemente determinante en la firmeza con que el Gobierno francés exigió, pública y privadamente, el cese de las actividades de los GAL como condición para una más intensa colaboración antiterrorista.

Es cierto, por lo demás, que la evaporación de ese siniestro grupo coincidió con la intensificación de tal colaboración. Desde una perspectiva meramente pragmática -no es útil para acabar con ETA-, la condena de los GAL resulta poco convincente: no es evidente esa inutilidad si se emplea una vara de medir que prescinde de los valores y atiende únicamente a la eficacia de los hechos. Los GAL son condenables por razones de principio. Porque de nada serviría acabar con ETA si el resultado es la interiorización por parte de la población de los valores que hacen suyos los terroristas: crueldad, arbitrismo, inhumanidad, desprecio al Estado de derecho.