La fiscalía de Milán recurre la sentencia favorable al arzobispo Marcinkus

La fiscalía de Milán, presidida por el juez Pierluigi dell Osso, no ha perdido las esperanzas de poder ver en el banquillo de los acusados al arzobispo Paul Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), o banco del Papa, y a sus dos colaboradores seglares, Luigi Mennini y Pellegrino De Strobel, acusados de estar implicados en la quiebra fraudulenta, en 1982, del Banco Ambrosiano. Como reveló ayer Adriano Solazzo en el diario Il Corriere della Sera, los jueces milaneses acaban de recurrir contra la sentencia del pasado julio de la Corte Suprema de Casación.Ésta había establecido que los mandatos de detención contra Marcinkus y sus dos colaboradores, decretados por la fiscalía de Milán a principios de verano, iban en contra del artículo 11 del Tratado entre Italia y la Santa Sede. La fiscalía milanesa se vio obligada a anular las órdenes de detención contra los dirigentes vaticanos. llay quien jura que aquel día. en el IOR se brindó con champaña.

La sentencia favorable a Marcinkus y dos de sus colaboradores había sido dictada por la sección V de la Corte de Casación. Pero, pocas semanas después, la sección II del mismo tribunal absolvía en segunda instancia a Marcinkus de otro entuerto económico con la Italmobiliare, una empresa de construcción a la que el IOR había hecho un préstamo de 5.000 millones de pesetas en francos suizos. ¿Por qué la Corte de Casación no recurrió en esta ocasión también a la imposibilidad concordataria de poder injerirse en los asuntos del vaticano y prefirió dictar sentancia?

De ahí que con toda probabilidad los jueces de Milán hayan visto enseguida que la propia Corte de Casación estaba dividida en el asunto. Y sospechando que la sentencia de la sección V hubiese podido venir influenciada por razones políticas, se haya decidido ahora a recurrir, con un gesto inédito en la jurisprudencia italiana a1 Tribunal Constitucional.

Los jueces milaneses estiman que es anticonstitucional que los tribunales italianos no puedan intervenir contra órganos de la Santa Sede por delitos cometidos -como en el caso del Ambrosiano- en territorio italiano. Piensan que es también anticonstitucional que todos los cientos o miles de ciudadanos italianos que se han visto económicamente perjudicados por la quiebra del Ambrosiano se vean también impedidos por la Corte de Casación de poder obtener justicia.

Según informaciones recogidas por este corresponsal en ambientes milaneses, la fiscalía de la, República ha sondeado antes en el seno del Tribunal Constitucional las verdaderas posibilidades de ver anulada la sentencia de la Corte de Casación.