Las fuerzas parlamentarias insisten en considerar restrictivo el proyecto de televisión privada
Todas las fuerzas parlamentarias de la oposición coincidieron de nuevo ayer en juzgar restrictivo el proyecto de ley de televisión privada. Sus críticas, durante una reunión de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a la normativa propuesta por el Gobierno, no se tradujeron en aceptación alguna de sus enmiendas por parte del grupo socialista, una de cuyas representantes, Ana Balletbó, reconoció que el proyecto de ley no ha sido concebido tanto para regular la televisión privada en general cuanto "para autorizar la concesión de tres canales de emisión a través de ondas tercianas".La única modificación que el PSOE aceptó fue la exclusión del proyecto de ley, para ser tramitado aparte: como ley orgánica, del precepto que establecía la aplicación a las emisoras privadas de las normas relativas a la utilización de los medios de comunicación de titularidad pública en la campañas electorales que establece la ley electoral general.
El portavoz de Alianza Popular, LuisRarnallo, consideró que la normativa defendida por el PSOE es restrictiva, discriminatoria -en particularcon los empresarios de prensa- intervencionista, carente de garantías para los posibles propietarios de canales de televisión y temerosa con la libertad de prensa.
El representante del Grupo Popular se opuso a la concepción de la televisión privada como lervicio público. El portavoz del Centro Democrático y Social, Federico Ysart, asumió en cambio esta caracterización, al igual que lo hicieron otros grupos parlamentarios, pero rechazó el artículo del proyecto (le ley que recoge esta definición, porque el PSOE se negó a añadir un explícito reconocimiento del "derecho preexistente" de los ciudadanos a obtener información por cualquier canal de comunicación.
Tanto Ramallo como Federico Isart, el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Espasa, y el del PDP, Juan José Pérez Dobón, criticaron que el proyecto de ley sólo contemple la emisión de televisión mediante ondas electromagnéticas y a través de la red terrestre de RTVE.
Federico Isart opinó que ignorar otros medios de transmisión, como el cable y el satélite, reduce la actuación parlamentaria, sobre la normativa propuesta por el Gobierno, a "escribir en el agua".
El portavoz del PSOE, Pedro Bol.M, subrayó el deseo socialista de asegurar con esta ley la "igualdad y pluralismo informativo" y se remitió a una sentencia del Tribunal Constitucional y al acuerdo adoptado por los ministros de Transportes de la Comunidad Europea en 1986, para sostener que la televisión privada es un servicio público.
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