Un juez de Valladolid retiene las fichas de una clínica abortista

La clínica Ginemédica, de Valladolid, que sufrió una redada el pasado jueves, continúa trabajando con normalidad, a pesar de que las historias clínicas que fueron incautadas por la policía continúan en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, Manuel García Castellón. Según los responsables del centro, único autorizado en la comunidad de Castilla y León para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, "la incautación de los historiales clínicos pone de relieve la falta de una regulación legal que ampare el secreto profesional, y que permite que la historia íntima de las personas, confiada a sus médicos, quede expuesta a la luz pública sin ningún respeto a su intimidad y en clara quiebra de los derechos fundamentales de la persona".El personal que trabaja en la clínica Ginemédica considera que es "indignante que unos profesionales que están trabajando dentro de la legalidad, y se supone que amparados por la misma, se vean sometidos a un tratamiento propio de delincuentes". Ginemédica, la única clínica privada legalmente autorizada en Castilla y León para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, fue objeto de un inesperado registro policial autorizado porque "parecía que se podían estar haciendo interrupciones del embarazo ilegales", según el titular del juzgado.

Según un comunicado facilitado por la citada clínica, en el transcurso del registro, la policía "penetró en todas las dependencias de la clínica en las que se estaban llevando a cabo actuaciones profesionales incluso con pacientes a quienes se estaba practicando exploraciones ginecológicas". Algunas pacientes estaban desnudas por la circunstancia antes indicada, y "a ninguna (...) se le permitió vestirse".

Ginemédica añade que los policías incluso "entraron en el quirófano, aun sabiendo que se estaba practicando una interrupción quirúrgica, interrumpiendo la misma". La policía identificó a todos los presentes en el centro, incluidos pacientes y visitantes; incautó toda la documentación existente y las historias clínicas, y ordenó el traslado de todos a comisaría. En comisaría, una de las pacientes -al parecer la que estaba en el quirófano cuando irrumpió la policía- sufrió un fuerte choque emocional, por lo que el juez acudió a la comisaría a tomarla declaración.

Tras declarar, todas las personas fueron puestas en libertad, aunque siete trabajadores del centro deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes, estando a disposición del juzgado "sin que se conozcan las causas que motivaron la investigación judicial".

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 24 de noviembre de 1987.

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