Acompañantes ilegales

Mario Conde y Juan Abelló, vicepresidentes del Banesto; Miguel Boyer, presidente del Banco Exterior; Isabel Preysler; el empresario Enrique Sarasola, amigo personal del presidente Felipe González, son o han sido clientes de servicios de protección personal prestados por empresas privadas. Tal hecho no tendría relevancia de no ser porque tales servicios, con vigilantes jurados obviamente de paisano, es absolutamente ilegal. De entre las 1.300 empresas de seguridad registradas en España, tan sólo 10 de ellas tienen organizado un servicio serio de escoltas. Cerca de 500 trabajadores han prestado alguna vez este trabajo, aunque tan sólo existan unos 150 profesionales de la escolta. La razón: unas 70.000 pesetas más de sueldo, que las empresas esconden en complementos.

JUAN JOSÉ ECHEVARRIAEl motivo de la ilegalidad del escolta nace de una de las escasas normativas sobre la seguridad privada. Según el decreto de 10 de marzo de 1978, el vigilante jurado sólo puede prestar servicio de uniforme, lo que invalida cualquier intento de protección personal de este tipo. Sin embargo, fuentes de las empresas de seguridad señalan que el servicio de escoltas es una demanda real, requerida por una cincuentena de personas, todas ellas banqueros, empresarios, jet-set, normalmente residentes en Madrid, Barcelona, Marbella, provincia de Alicante y País Vasco, que se encuentran amenazados y a los que el Estado, a través del Ministerio del Interior, no otorga un servicio de protección policial. No es de la misma opinión Miguel Ángel de Blas, asesor estatal de UGT para temas de seguridad privada, que entiende que "normalmente el motivo de estas personas para contratar un servicio de escolta es la ostentación". De Blas matiza con los empresarios del País Vasco, donde "la sensación de miedo es real".La UGT considera que los servicios de escoltas privados han experimentado un "incremento alarmante", según indica un informe de la central socialista, "dado la insuficiencia de medios de control, tanto técnicos como humanos, con los que cuenta la Dirección de la Seguridad del Estado para su seguimiento". Fuentes policiales admiten la penuria de la Comisaría de Seguridad e Instalaciones, órgano encargado, entre otras cuestiones, de la represión de esta actividad, hoy por hoy, ilícita. Sin embargo, las mismas fuentes policiales señalan otro factor importante: la dificultad de probar un servicio de escolta. Cuando son detenidos unos escoltas niegan que realicen tal servicio, muestran su licencia de armas para llevarlas y mantienen que vuelven de un servicio de vigilancia jurada y llevan el revólver -normalmente un 38- al armero de la empresa.Prueba de las escasas comprobaciones policiales de estos servicios de escoltas es que de las 20 denuncias presentadas este año en Madrid por particulares -normalmente sindicalistas del sector- tan sólo se han comprobado dos de ellas y han finalizado con multa a las empresas de seguridad. Son, según datos que constan en la Dirección General de la Policía, la empresa Grupo 4 Securitas Española, S. A., y Transel Seguridad, S. L. Una vez incoados los expedientes, fueron multadas con medio millón de pesetas cada una. El año pasado, tan sólo fueron multadas otras dos empresas: Prose, S. A., y Transportes Blindados, S. A., esta última por escoltar a un alto cargo de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja.

La pequeña cuantía de las multas es otro aspecto que anima a las empresas de seguridad a mantener sus servicios de escoltas. Si la multa es de medio millón en las escasas ocasiones que son cogidos, la empresa cobra entre un millón y 1.250.000 pesetas al mes por servicio. Los beneficios empresariales son redondos, ya que tan sólo desembolsan, además de otros gastos de infraestructura, unas 150.000-170.000 por cada trabajador que se presta a realizar este servicio: dos o cuatro, como máximo, por cliente. "La razón económica es definitiva para aceptar este trabajo", manifestó un escolta, que por motivos de seguridad laboral se mantuvo en el anonimato. "Yo soy un vigilante jurado con un sueldo bruto total de 84.000 pesetas. Si me presto a hacer estos servicios gano el doble", añadió.

Sin embargo, existen casos de vigilantes jurados que se han negado a hacer servicios de protección personal de paisano. Es el caso de Pablo Rico Alfonsín, quien fue despedido de Transportes Blindados, S. A. al incurrir en "falta muy grave ( ... ) al desobedecer las órdenes de servicio", según señala su carta de rescisión de contrato firmada por Lino Bermejo, director adjunto de la empresa, "hecho que cometió el pasado 13 de agosto de 1987, cuando se presentó, totalmente uniformado, en las instalaciones de nuestro cliente Morgan Guaranty Trust, Co. of New York, sitas en José Ortega y Gasset, 29, de Madrid, sabiendo que el servicio en esas dependencias se efectúa con ropa de paisano, provocando con su actitud la enérgica queja del cliente, así como poniendo en peligro la existencia del servicio", añade la carta de despido.Exigencia de fdelidad

Por ello, las empresas exigen cada vez más fidelídad a sus trabajadores. Además, han de reunir otras características: buena estatura -1,80 metros, como norma general-, uso experto de armas, prácticas en conducción evasiva y artes marciales.

"Ser uno de los siete u ocho vigilantes que hacen escoltas en estas empresas te obliga dedicarte full time a ellas. A cualquier hora te pueden llamar para que vayas a Barajas a recoger a cualquier personalidad, árabes en su mayoría", añade el escolta citado. "Sueles trabajar con un compañero y cambiar de vehículo, alquilados normalmente cada día. La jornada laboral puede ser de 24 horas y a efectos legales eres un vigilante jurado".