Un plan polémico

Francisco Vázquez, presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), asegura que el informe del Instituto Geológico Minero (IGME) se contradice con otros realizados por este mismo organismo, que aseguran que mantener 10.000 hectaréas de regadío dentro del Plan Almonte-Marismas no supone ninguna sobreexplotación del acuífero. El nuevo informe aconseja no sobrepasar las 7.000 hectáreas y buscar fórmulas alternativas de explotación para una óptima conservación del parque.En la actualidad son 10.000 las hectáreas en regadío incluidas en el mencionado plan. Unas 3.000 hectáreas son capital privado y el resto es gestionado por la Administración. El IARA, según su presidente, se ha comprometido con el patronato del parque a no poner en regadío más hectáreas y emplear los cinco próximos años en el estudio del acuífero. La asociación ecologista Andalus califica como nefasta la influencia de estas explotaciones en Doñana.

En 1972 se declaró de interés nacional la zona regable del plan. Entonces se proyectaba poner en regadío 25.000 hectáreas. Estas tierras se dividen entre 50 reservistas, 170 lotes individuales o familiares y 30 cooperativas, que tienen una media de 10 miembros cada una. La producción del regadío se centra, entre otros productos, en frutas, cítricos, patata y maíz.

Los ecologistas siempre han sido contrarios al Plan Almonte-Marismas, por entender que provoca en Doñana un proceso de desecación y degradación similar al sufrido en las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, consideradas como una de las grandes reservas ecológicas europeas.