Ledesma afirma que en 1988 se cubrirán las necesidades 'urgentes" de la justicia

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, mostró ayer al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según dijo, la existencia de voluntad política para resolver los problemas de la justicia. En respuesta al documento del consejo sobre las necesidades "urgentes" de la justicia para 1988, aseguró que todas ellas serán atendidas. El presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, asumió ésta afirmación.Hernández Gil manifestó la satisfacción del Consejo en sus fines esenciales" por la respuesta dad a por el Gobierno al documento sobre las necesidades urgentes de las justicia (ver EL PAÍS del 11 de septiembre de 1987) y se remitió a la respuesta concreta del ministro, aunque matizó: "Nos acercamos a las necesidades, pero ellas tan delante de nosotros".

Preguntado sobre las críticas emanadas del avance de un sondeo realizado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria y conservadora-, Hernández Gil dijo encajar muy bien todas las críticas. Según la consulta, el 39,05% de los jueces estima que el CGPJ cumple muy mal los objetivos que le corresponden".

Según explicó más tarde Ledesma, junto al avance presupuestario para el año próximo, que cifró en un 28% respecto a 1987 expuso ante el Consejo el conjunto de actuaciones de su departamento, de entre las que destaca el proyecto de ley de demarcación y planta, "que acomodara la estructura judicial a las necesidades del año 2000". Señaló qae se crearán 63 nuevos partidos judiciales y que todos ellos tendrán una media de 50.000 habitantes, servidos por dos juzgados de primera instancia e instrucción.

Voluntad con retraso

Tanto esta ley como la que reforma el procedimiento laboral y otras varias anunciadas por el ministro de Justicia estaban previstas en la ley orgánica del Poder Judicial de 1985 para el mes de julio de 1986 y los correspondientes anteproyectos de ley quedaron preparados al término de la anterior legislatura. Sin embargo, Ledesma se apoyó en estos y otros futuros textos legislativos para demostrar "con datos reales que existe voluntad política para resolver los problemas de la justicia" y pidió la colaboración de otras corporaciones relacionadas con la justicia.Éstas manifestaciones contestaban, sin mencionarlas, a las opiniones procedentes del sondeo de la APM, según las cuales el 48.06% de los jueces atribuyen la crisis Judicial "al interés político que que la justicia no funcione". Preguntado sobre estas críticas y las procedentes de Jueces para la Democracia y Francisco de Vítoria -que han convocado para mañana asambleas de jueces a la búsqueda de soluciones a la situación judicial-, Ledesma reafirmó la voluntad política de resolver los problemas y la necesidad de que las demás instituciones también funcionen.

"En la justicia", dijo, "se descargan muchas veces sobre terceros las propias responsabilidades'. Consideró que la huelga de celo es una medida Incompatible con la reivindicación de inamovilidad e independencia" y dejó entrever la posibilidad futura de introducir fórmulas de exigencia de responsabilidad civil de los jueces por la deficiencia del trabajo judicial, como ocurre en Italia, cuyo reciente referéndum sobre la materia recordó.