El 'Irangate' francés salpica a seis países europeos

El Irangate francés puede esconder un Irangate europeo y tener conexiones con el propio escándalo norteamericano, en el que la Administración de EE UU permitió la exportación ilegal de armas para obtener la libertad de sus rehenes y utilizó los beneficios para ayudar a la contra nicaragüense. Según algunas publicaciones que se están dejando las uñas en la investigación de este escándalo, existen trazas del tráfico ilegal de armas como mínimo en Bélgica, la República Federal de Alemania, Suecia y Dinamarca, además de España, aunque por el momento no exista evidencia de implicaciones de los respectivos Gobiernos.

La obsesión de buen número de los periodistas franceses ocupados en la investigación de este comercio de armas es averiguar si los negocios prosiguieron despues de la llegada de los conservadores de Jacques Chirac al Gobierno. El Irangate francés afecta a la venta ilegal de materia, bélico mientras los socialistas estuvieron en el poder y en él no existían motivaciones humanitarias como en el Irangate original, según subraya la Prensa conservadora francesa.El informe del inspector general del Ejército, Jean-François Barba, asegura que se hizo la vista gorda con las exportaciones de armas de la sociedad Luchaire por razones económicas y sociales, es decir, para impedir la caida de la producción de la empresa fabricante. Una parte del tráfico, sin embargo, afecta a material fabricado en Estados Unidos, lo que permite afirmar al semanario L' Evénement du Jeudi que "en este caso el asunto no sería, más que un aspecto suplementario del Irangate, que afecta a todos los países europeos".

Las investigaciones realizadas por La Presse de la Manche, el periódico local de Cherburgo que destapó el escándalo Luchaire se orientan hacia la misma dirección. Con el Gobierno conservador, el puerto de Cherburgo ha sido, según La Presse, punto de partida, como mínimo, de seis barcos cargados de material bélico belga con destino a Irán. El trafico de Cherburgo fue paralizado cuando se descubrió el escándalo Luchaire y en su lugar se empezó a utilizar el puerto belga de Zeebrugge. Una investigación parlamentaria abierta en Bélgica habría obligado, aparentemente, a utilizar de nuevo el puerto de Gherburgo.

Estas noticias coinciden con la publicación el miércoles, en el diario alemán Die We1t, de otra información sobre comercio ilega1 en 1984 y 1985, esta vez desde, la República Federal de Alemania, a cargo de Scandinavian Commodities, la misma empresa que realizó el tráfico a través de España gracias al pedido a la Empresa Nacional Santa Bárbara.La venta de material bélico a Irán por parte de la sociedad Luchaire fue desvelada en enero de 1986, pero hasta ahora no había suscitado el interés de la opinión pública. El contenido del informe Barba, clasificado como confidencial hasta el pasado miércoles, había sido resumido por un semanario a principios de 1987. Ha sido necesario que se insinuara el cobro por el Partido Socialista de una comisión de tres millones de francos (unos 60 millones de pesetas), que se apuntara a la responsabilidad del presidente de la República, François Mitterrand, y que se asegurara que uno de los explosivos vendidos a Irán pudo haber vuelto a Francia y haber sido utilizado en los atentados de París de 1986 para que lo que era un escándalo desactivado entrara con una tremenda fuerza en la campaña para las elecciones presidenciales. De todos estos datos, el único indiscutible es la responsabilidad última del presidente de la República, como jefe de los ejércitos y de la diplomacia.Las otras acusaciones, sin base documental, quedarán ahogadas en la instrucción judicial de la denuncia contra Luchaire presentada, paradójicamente, por el ministro de Defensa socialista, Paul Quilés, en marzo de 1986. Quedará en pie, en cambio, la cobertura desde la Administración y quizá desde el Gobierno de un tráfico de armas explícitamente prohibido y contradictorio con los intereses franceses.

Lo que sabía Mitterrand

François Mitterrand, según el informe Barba, fue informado por el almirante Yves Lacoste, jefe de la Dirección General de la Seguridad Exterior, de la existencia del tráfico ilegal, y el presidente de la República le indicó que hablara con el ministro de Defensa, Charles Hernu.Para el diario conservador Le Figaro, esta afirmación, que debe ser confirmada ante el juez, demuestra que "el jefe del Estado ha permitido, con pleno conocimiento de causa, una venta de armas totalmente contraria a los compromisos de Francia". ". Su actitud no es acaso más condenable que la de Reagan?", se pregunta el articulista. Y se conteste. "No ha quedado establecido en el Irangate que el presidente norteamericano fuera previamente informado del mercadeo en curso".

La mayoría conservadora no ha llegado tan lejos como el periódico que la apoya, pero ha apelado a Mitterrand para que explique su papel en el escándalo. El portavoz del Gobierno, Alain Juppé, afirmó el miércoles que este escándalo afecta "a las más altas instancias del Estado", para diferenciarlo de los otros escándalos en curso en estos meses previos a las elecciones presidenciales. El presidente de la comisión de exteriores del Senado, Jean Lecanuet, dijo: "El presidente de la República no es responsable ante el Parlamento. No podemos poner en duda su papel, pero según la Constitución es el jefe de los ejércitos y tiene. un papel capital en la conducción de los asuntos diplomáticos".