Duras críticas del tribunal a tres peritos en el juicio por el síndrome toxico

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso del síndrome tóxico criticó ayer a los peritos Javier Martínez Ruiz y su esposa, María Jesús Clavera, y al catedrático de medicina legal Luis Frontela por la forma en que están desarrollando sus investigaciones, habida cuenta de que las hacen con fondos públicos. La demora de estos peritos en realizar sus informes ha dado lugar a sucesivos aplazamientos de la prueba pericial consistente en la evaluación de los trabajos del doctor Antonio Muro, que ayer sufrió una nueva demora, esta vez indefinida.

Los magistrados José Antonio Jiménez Alfaro, Siro García y Javier Gómez de Liaño expusieron públicamente sus dudas sobre la "dedicación laboral, preparación científica y habilidad técnica" del matrimonio Martínez Ruiz y Clavera. Estos médicos, junto con Frontela, son los principales peritos en los que se apoyan las tesis de la defensa, ya que sostienen que un producto organofosforado fue el causante del envenenamiento masivo que afectó a 25.000 personas en 1981. Los dos médicos formaron parte de la Comisión de Investigación Epidemiológica del Plan Nacional del Síndrome Tóxico desde 1983 hasta su expulsión en 1984.El tribunal precisa que "se le aparecen intensos indicios de que la falta de dedicación laboral [de Martínez y Clavera] pueda obedecer en alguna medida a que dichos peritos, pese a gozar de fondos públicos, vengan distrayendo su atención en tareas de asesoramiento a ciertas partes" [en clara referencia a las defensas de los principales procesados].

La actuación del catedrático de Sevilla Luis Frontela mereció las mismas críticas que Martínez y Clavera, excepto las sospechas sobre su preparación científica en el campo de la medicina legal. "No lejos de esas consideraciones", afirma el acuerdo del tribunal, "se encuentra el caso del señor Frontela, desde la inicial jactancia de 1981, en que aventuraba poder desentrañar el problema [la causa del envenenamiento] en pocos días, hasta el contenido de su última y extraña denuncia" [Frontela denunció hace pocos días que cuatro individuos intentaron robarle los monos que utiliza en sus experimentos].

El tribunal, que aplazó por tercera vez el examen de los trabajos del doctor Antonio Muro ante las excusas de Martínez y Clavera de disponer de poco tiempo, reconvino a los tres peritos citados, y anunció su intención de exigir controles semanales (le los estudios que realizan, además de inspecciones en sus laboratorios o despachos cuando la sala lo estime conveniente.

Al realizar la crítica, los magistrados han tenido en cuenta también que Martínez y Clavera tienen como misión hacer una evaluación de los trabajos realizados por Muro, pero no desarrollar o concluir la investigación realizada por el doctor fallecido, como parece que están haciendo.

En el acuerdo adoptado por el Tribunal, se advierte a Frontela para que "asuma la adecuada custodia de los fondos públicos que a petición propia están a su disposición" [se refiere a los 36 monos, prueba para la que el catedrático solicitó y obtuvo 15 millones de pesetas].

Por otra parte, el tribunal desestimó la recusación formulada por varias defensas contra el perito Javier Yuste, por entender que si en 1981 formuló una denuncia contra los aceiteros, lo hizo "en cumplimiento de un deber cívico, potenciado por la legítima representación popular" que ostentaba.