TRIBUNALES

Procesadas 16 personas que se hacían pasar por agentes de la propiedad inmobiliaria

El juez de instrucción número 3 de Málaga, Mariano Fernández Ballesta, ha procesado a 16 personas como presuntas autoras de un delito de intrusismo o usurpación de funciones, ya que, mediante un título que ellas mismas otorgaban, ejercían funciones de agentes de la propiedad inmobiliaria. El juez precisa que los hechos pueden constituir también delito de estafa.

Los procesados son Antonio Reina Martín, María José Merino Olea, Antonio Villena Montenegro, Gonzalo Pérez Delgado, Pablo Serena Murillo, María del Carmen Santiago Sánchez, Rafael Rueda Jiménez, Antonio Navarro Gallego, Carlos Contreras Álvarez, Eduardo Badajoz García, Isabel Pérez González, Francisco Merino Ramírez, Juan Moreno de Luna, Julio González Ruiz, José Antonio Ruiz Ortuño y Manuel Delgado Gutiérrez.El juez ha decretado la prisión provisional, pero ha fijado una fianza de 250.000 pesetas para obtener la libertad, y de 500.000 para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse.

De acuerdo con el auto de procesamiento, los 14 primeros, en julio de 1985, reunidos en junta, constituyeron la autodenominada Asociación Profesional de Gestores Intermediarios en Promociones de Edificaciones (GIPE), cuya finalidad coincidía en muchos puntos con las actividades propias de los agentes de la propiedad inmobiliaria. A continuación homologaron la sociedad depositando los estatutos en la Subdirección General de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Ministerio de Trabajo.

El citado grupo creó también el Instituto Politécnico, SA, donde se impartían cursos de formación para los futuros socios de GIPE, cobrando a los aspirantes unas 80.000 pesetas al ingresar en la asociación. Al frente de este centro figuraba José Antonio Ruiz Ortuño. La asociación expidió títulos o diplomas en favor de los asistentes a los cursos, en los que se les facultaba para "la obtención del título correspondiente e incorporación a esta asociación profesional".

Un grupo de los acusados, con estos títulos, ha realizado actividades reservadas a los agentes de la propiedad inmobiliaria en Málaga y otras poblaciones españolas. En Málaga ha desarrollado esa actividad Manuel Delgado. El simple depósito de los estatutos en el registro no constituye título oficial para el ejercicio de la actividad citada, según el juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 31 de octubre de 1987.

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