El Ayuntamiento de Torrevieja paraliza varias urbanizaciones ilegales
El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha ordenado la paralización de las obras de varias urbanizaciones ilegales que carecen de licencia municipal y algunas infringen las normas urbanísticas vigentes desde primeros de este año.La policía local está a la espera de un mandamiento judicial para desalojar las obras de la urbanización La Siesta, que promueve el empresario Justo Quesada, que no ha atendido dos requerimientos anteriores para que suspenda las construcciones en esta zona, donde existen, de forma ilegal, más de 1.000 viviendas unifamiliares.
La paralización afecta también a la urbanización Viñamar, ubicada en la zona de La Mata, donde se construyen unas 100 viviendas sin licencia, y a otras promociones dentro del casco urbano y en la zona de la playa de La Mata.
Joaquín García, alcalde socialista de Torrevieja, señaló que la decisión de paralizar las obras se toma de acuerdo con la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat valenciana, "aunque algunas promociones podrán ser legalizadas dentro de unos meses, cuando el Ayuntamiento resuelva peticiones cursadas por los promotores". Algunos se han adelantado, sin esperar a que el Ayuntamiento resuelva sus expedientes, pero se construyen en zonas urbanizables previstas en el Plan de Urbanismo aprobado a finales de 1986.
Sin embargo, la promoción El Chaparral, cuya tercera fase es la urbanización denominada La Siesta, carece de cualquier permiso de edificación, aunque parte de las viviendas están, incluso, ya habitadas.
Avalancha de peticiones
La oficina técnica es incapaz de resolver la avalancha de peticiones de construcción de viviendas que desde el pasado mes de enero registra el ayuntamiento, con un ritmo de construcción anual de casi 4.000 viviendas. No obstante, algunas urbanizaciones construidas con anterioridad a la promulgación del plan no cumplen las normas urbanísticas y carecen de los servicios de infraestructura básica, por lo que algunos vecinos, como es el caso de La Torreta, vienen presentando denuncias ante el ayuntamiento de la localidad alicantina, que ahora tiene que asumir las inversiones para dotarla de servicios adecuados.Joaquín García declaró que aquellas urbanizaciones legalizables de acuerdo con el plan de urbanismo "no tendrán problema, pero las que incumplen las normas serán demolidas", aunque todavía no se ha evaluado el alcance de esta decisión.
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