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La minería leonesa perderá 3.000 empleos antes de finalizar 1987

Aproximadamente 1.000 puestos de trabajo directos y unos 2.000 del sector servicios se perderán en la minería de León antes de finalizar 1987, según ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda del ejecutivo castellano-leonés, Miguel Pérez Villar, durante una comparecencia ante la Comisión de Economía del legislativo autónomo. Tal afirmación la basa Pérez Villar en la "nefasta" política llevada a cabo por la Administración en el sector carbonero en los últimos añosEn su opinión, el exceso y atomización de empresas marginales, la descapitalización constante de un sector que requiere fuertes inversiones, junto con el intento de las eléctricas de seguir marcando una política de precios, ha derivado en una situación le crisis con dificil solución. Para Miguel Pérez, la Administración realiza una política de subvenciones importantes en la minería de Asturias, en alusión a Hunosa, y desfavorece claramete al sector carbonero de León, con unas 160 explotaciones privadas en las que se agrupan alrededor de 13.000 trabajadores.

En las cuencas mineras de la comarca del Bierzo, sobre todo en Fabero y Tremor de Arriba, varias empresas se encuentran de hecho en bancarrota, con fuertes dudas -superiores a su patrimonio-, tanto a la Seguridad Social y Hacienda como a las sociedades que suministran los materiales mineros. Esto se une al posible cierre en breve plazo de varias minas que no cumplan las pertinentes medidas de seguridad.

En este sentido, el próximo lunes parlamentarios leoneses y representantes sindicales mantendrán una reunión en Valladolid para estudiar la creación de un fondo económico que palie la situación de aquellos trabajadores afectados por el cierre de su empresa causa de las deficientes medidas de seguridad e higiene existentes en ella.

Por otra parte, las federaciones mineras de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han elaborado un documento que ha sido enviado al Ejecutivo autónomo y a la Dirección General de Minas, donde se expone la "gravísima situación de inseguridad" de las explotaciones de León (19 muertos en lo que va de año). Según ambos sindicatos, falta una rigurosa inspección minera, y las revisiones que se realizan las hace "la vieja guardia de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas".

Asimismo, según se pone de manifiesto en el escrito, la excesiva contratación eventual en el sector, la ausencia total de formación profesional y el "regresivo" sistema de gratificaciones voluntarias, que alcanzan en algunos casos el 50% del sueldo, convierten al trabajador en un "obrero dócil" que no reivindica sus derechos relacionados con la seguridad en el interior del pozo.

CC OO y UGT, que reclaman igualmente una estadística "real" sobre los accidentes laborales que se producen en el sector, exigen a las administraciones central y autonómica que "se sienten con los sindicatos a negociar el tema de la seguridad en las minas" en el plazo de 15 días.

Según Albino Vila, secretario provincial de la federación minera ugetista, si no se diseña una política minera adecuada se llevarán a cabo movilizaciones en la provincia; "lo que no queremos tampoco es que se cierren minas bajo la tapadera de la seguridad".

Por otra parte, la CECA ha otorgado un crédito de 123 millones de pesetas para la adquisición y rehabilitación de viviendas de mineros de la comunidad autónoma.

El préstamo por trabajador oscila entre el medio millón y las 150.000 pesetas a un interés del 1% y un plazo de amortización de 20 años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 1987