Los bancos no podrán consultar los registros judiciales de Barcelona para obtener información comercial

Los bancos y las agencias de detectives no podrán utilizar ni consultar los registros judiciales de Barcelona para obtener información con fines comerciales, según se desprende de una disposición adoptada recientemente por la juez decana de los juzgados de instrucción y primera instancia, María de los Ángeles Vivas. El acuerdo ha provocado malestar en las entidades bancarias y entre los profesionales afectados, que han manifestado personalmente a la magistrada su discrepancia con la normativa. Esta práctica, común en Barcelona, no está extendida de forma generalizada en otros juzgados de España, aunque en algunos casos ha dado lugar a corruptelas, por lo que las medidas correctoras sólo se han aplicado en Barcelona.

La juez decana de Barcelona dictó el pasado 16 de octubre una normativa por la que se reglamenta la forma y requisitos que deberán cumplimentar los particulares para acceder a los registros judiciales. La disposición establece que sólo las partes implicadas en un procedimiento judicial o sus representantes oficiales podrán tener acceso a estos datos y una vez hayan cumplimentado una petición por escrito. El secretario del juzgado decano comprobará la vinculación del requirente con la causa y extenderá el correspondiente permiso para que le sea facilitada la información.Esta fórmula procesal establecida por la juez decana de Barcelona se fundamenta en diversos artículos de la ley orgánica del Poder Judicial y con ella se deroga una normativa anterior, establecida en 1972. El acuerdo ha sido apoyado unánimemente por la Junta de Jueces de Instrucción celebrada el pasado martes día 26. Otra Junta de Jueces, esta vez de Primera Instancia, se reunió ayer para examinar la cuestión y acordó recabar la opinión del Consejo General del Poder Judicial. Esta disposición cuenta también con el apoyo implícito del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Doñate.

Con esta normativa, la juez decana pretende acabar con los abusos, ilegalidades y corrupciones que generaba el comercio de determinados datos judiciales y que preferentemente hacían referencia a procedimientos de carácter civil. En opinión de esta magistrada, la publicidad de estos datos judiciales, con fines comerciales, supone una ingerencia en la intimidad de los ciudadanos y vulnera uno de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Pero, además, la comercialización de esta información había provocado un importante foco de corrupción en el que supuestamente han estado implicados determinados funcionarios.

Fórmulas clandestinas

Meses atrás, la juez decana de Barcelona había tratado inútilmente de controlar esta información, pero las empresas comerciales habían ideado los más variados sistemas para conseguir los datos, entre ellos leerlos y grabarlos en un magnetófono para después poderlos transcribir. Ante esta situación, la titular del decanato dictó órdenes más drásticas y taxativas.Las grandes empresas comerciales y los bancos eran preferentemente los destinatarios de estos datos judiciales. La propia Junta Provincial Bancaria, encargada de redactar y distribuir periódicamente el RAI -registro de aceptaciones de impagados-incluía datos judiciales obtenidos en los registros de Barcelona. Un portavoz de la Junta Provincial Bancaria intentó ayer minimizar el asunto y aseguró que "lo único que ha pasado es que la información que se colocaba en los tablones de anuncios ya no está, pero tenemos medios para obtener estos mismos datos de otra manera". "De ninguna manera podemos discrepar de una decisión judicial", añadió.

Reconsiderar la decisión

A pesar de estas manifestaciones, un representante de la Junta Provincial Bancaria trató del tema personalmente con la juez decana, según se ha sabido en medios jurídicos. El representante de los bancos recordó a la magistrada la inestimable y permanente colaboración que las entidades bancarias han venido prestando a la Administración de justicia. asimismo, otros reprsentantes de bancos y agencias de detectives se han entrevistado con la magistrada y han intentado que reconsidere su decisión.En medios próximos al juzgado decano se afirma que los controles con respecto a los registros de procedimientos civiles son similares a los que se tomaron en su día sobre los registros penales. Los mismos medios recuerdan que en esas fechas anteriores se adoptaron disposiciones similares con respecto al uso del Registro Civil (nacimientos, matrimonios), cuyos datos eran "virtualmente saqueados" por algunas empresas para hacer ofertas comerciales.