El asesinato de Anaya pone en peligro el plan de paz en El Salvador
El asesinato, el pasado lunes, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Herbert Anaya Sanabria, puede ampliar la brecha que separa al Gobierno y a la guerrilla en el proceso de alto al fuego y hacer fracasar las negociaciones de paz, cuya próxima ronda estaba prevista para el 30 de octubre en México, según fuentes políticas y diplomáticas en San Salvador.La guerrilla salvadoreña anuncié ayer que en los próximos días realizará una huelga de transporte -la séptima a nivel nacional- en protesta por la muerte de Anaya, de 33 años, asesinado el lunes por dos pistoleros sin identificar cuando salía de su casa. La Comisión que presidía Anaya, que ha denunciado numerosas veces al Gobierno por violaciones de los derechos humanos, culpó al régimen del presidente Napoleón Duarte y al Ejército por el asesinato.
El Frente Democrático Revolucionario (FDR), brazo político de la guerrilla, anunció desde México que condicionará el mantenimiento del diálogo con el Gobierno a la investigación del asesinato y la detención de los culpables. "No podemos aceptar que esta nueva violación a los derechos humanos quede impune", dijo el comunicado.
Fuentes diplomáticas en San Salvador dijeron que el asesinato también puede servir de advertencia al líder del FDR, Rubén Zamora, quien ha dicho que regresará a El Salvador en las próximas semanas para probar la voluntad del Gobierno de permitir la actuación política de la izquierda dentro del marco legal.
Investigación oficial
El portavoz del Gobierno, Roberto Vieira, por su parte, negó categóricamente cualquier vinciulación del Gobierno con el asesinato y afirmó que éste intentó torpedear el proceso de paz en que está empeñado el Gabinete. Viera, que condenó el atentado dijo que se iniciará una investigación para dar con los culpables pidió a los sindicatos que no realicen acciones de protesta "que puedan traer más duelo y sufrimiento".El ministro de Asuntos Exteriores salvadoreño, Ricardo Acevedo Peralta, también negó la responsabilidad del Gobierno en el asesinato y afirmó que este hecho "debe comprenderse como parte de un proceso de violencia que tiene ya 50 años en nuestro país y que no podemos desterrar de la noche a la mañana".
Dos autobuses y un automóvil oficial fueron incendiados en la noche del lunes y un centenar de refugiados y familiares de asesinados o desaparecidos en los últimos años ocuparon la catedra de San Salvador en protesta por el asesinato de Anaya.
