Todos los grupos de la oposición pedirán que los Presupuestos de 1988 sean devueltos al Gobierno

Todos los grupos de la oposición parlamentaria pedirán que el proyecto de Presupuestos del Estado para 1988 sea devuelto al Gobierno o durante el Pleno del Congreso de Diputados convocado para hoy y mañana. La falta de concertación social y de redistribución de la renta, así como el aumento de la presión fiscal y el reparto de los impuestos que se deriva de las medidas preparadas por el Ejecutivo, destacarán entre las críticas al principal instrumento anual de la política económica. El Gobierno prevé que el Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social gastarán el próximo año 14,16 billones de pesetas, un 11,3% más que en 1987.

Al terminar el plazo para que cada grupo parlamentario formule eventuales enmiendas a la totalidad de los presupuestos enviados a las Cortes por el Ejecutivo, toda la oposición se ha reservado mediante este trámite el derecho a exponer sus argumentos y sus alternativas a la política económica gubernamental. Ésta será defendida por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, quien abrirá el Pleno del Congreso de Diputados convocado para hoy y mañana. Algunos de los argumentos anticipados por los grupos minoritarios, cuyos portavoces acudirán resignados a topar con la mayoría absoluta del partido del Gobierno, como en años anteriores, pueden resumirse así:- Coalición Popular. El proyecto debe ser rectificado sustancialmente en beneficio del bienestar y la prosperidad de lo; ciudadanos, y para reducir las discriminaciones sociales y territoriales. El Gobierno quiere otra vez una total díscrecionalidad para el uso de los caudales públicos, mientras se anulan o reducen los controles al gasto y se intensifican los poderes coactivos sobre los contribuyentes. El presupuesto mantiene las principales inercias de los últimos cinco años: aumento del peso. del gasto público, carácter exclusivamente recaudatorio del sistema fiscal con inseguridad jurídica y desorientación del contribuyente, supeditación de la política monetaria a la discrecionalidad en la finainciación del déficit, inexistencia de medidas estructurales que modernicen la industria y la empresa pública, y nueva demora en abordar las discriminaciones financieras de autonomías y ayuntamientos.

- CDS. El proyecto no es coherente con los objetivos del Gobierno, ni eficaz para consolidar la recuperación de la economía. Contribuirá a reproducir el desequilibrio externo, sin lograr el interno, pues induce a excesivas importaciones de consumo, lo que limita el crecimiento del empleo y tiende a frenar la inversión. Tampoco garantiza un saneamiento duradero de la Hacienda pública, porque no afronta la expansión de la carga financiera de su deuda. La reestructuración del gasto hacia una mayor y mejor oferta de servicios públicos es insuficiente. No compensa las injusticias distributivas estructurales y no sirve para compensar los sacrificios de unos segmentos de la sociedad respecto a otros.

- Minoría Catalana. Los presupuestos para 1988 son demagógicos en cuanto a la disminución de impuestos que anuncian, no afrontan los problemas del paro y del empleo, y mantienen una estructura centralista del gasto. Tampoco asumen claramente las prioridades que debe comportar la mejora del bienestar, a pesar de los tímidos incrementos de algunas partidas. No tratan adecuadamente la inversión, las exportaciones, la innovación tecnológica, el problema que suponen para el empleo las cuotas empresariales a la Seguridad Social. El mayor crecimiento de la economía debería permitir una mayor redistribución, con más gastos en justicia, sanidad, seguridad ciudadana, lucha contra la droga, etcétera.

Proyecto inercial

-PDP. Este proyecto ni es la expresión de un proyecto político, ni contiene una previsión fiable de gastos e ingresos, ni constituye un compromiso de limitar ambos. ¿Dónde están las necesarias reformas educativa, sanitaria, de la Seguridad Social, de las haciendas locales, de la justicia? Todas vuelven a quedar como asignatura pendiente. El Gobierno incrementará la imposición indirecta sobre la directa, en claro perjuicio de los perceptores de renta de menor entidad. Se pretende mantener una línea puramente inercial, carente de proyecto ideológico e incapaz de afrontar de manera solvente las necesidades actuales.

- PNV. El texto no contempla de manera suficiente los mecanismos oportunos para reducir las necesidades de financiación del conjunto de las administraciones públicas. Tampoco propicia una amplia conciencia de las fuerzas sociales en los objetivos y medios de la política económica. La fijación unilateral de cupo para el País Vasco no es deseable.

- Partido Liberal. El proyecto del Gobierno incumple lo dispuesto en el artículo 134,2 de la Constitución, que obliga a incluir todos los gastos e ingresos del sector público estatal; falta cerca de un billón de pesetas, principalmente por ausencia de empresas con capital estatal. Además, supone un instrumento inadecuado de la política económica y contiene un incremento excesivo de los gastos públicos, que no deberían rebasar en su aumento a la generación de riqueza. Habrá un nuevo y fuerte aumento de la presión fiscal.

El diferencial social

- Izquierda Unida. Estos presupuestos perjudicarán a ocho millones de pensionistas y empleados públicos, por mantener la implacable política de moderación de rentas que ha caracterizado al Gobierno socialista. Éste ha reducido el diferencial español respecto a la CE en términos de inflación, déficit público, deuda externa, etcétera, a costa de agravar el diferencial en términos sociales. Los cambios en el IRPF no reducirán la presión fiscal y los impuestos indirectos seguirán gravando a las rentas inferiores. Son insuficientes los presupuestos para subsidios de paro, Educación, Sanidad, Investigación y Desarrollo, ayuntamientos e inversiones públicas.

- Eusko Alkartasuna. La estructura del gasto y algunas de las modificaciones fiscales no se corresponden con los objetivos básicos de la política económica, ni con la provisión de una mayor mejor oferta de servicios públicos y sociales. Total desacuerdo con el cupo vasco.

- Euskadiko Ezkerra. La política redistiributiva y el 4% de subida para salarios y pensiones son injustificables. Es insuficiente el aumento del 3,8% en los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo. El cupo vasco no ha sido concertado.