La Ertzaintza, en la hora crítica

Un acuerdo unánime del Parlamento vasco ha abierto el paso a la sustitución progresiva de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) por la Ertzaintza en la comunidad vasca, pero el futuro aún es incierto. Resistencias en la Administración central, recelos y desconfianzas mutuas, compromisos incumplidos y un supuesto o real pacto de no agresión de algunos mandos de la policía autonómica vasca con ETA dificultarán la empresa. La decisión de la Cámara autónoma cierra seis meses de intensa y soterrada batalla política. La policía vasca la integran 3. 100 agentes.

Para el equipo directivo de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, que encabeza el nacionalista Luis María Retolaza, los últimos seis meses han sido los más largos de un mandato que dura ya siete años.Luis María Retolaza se entrevistó en abril con el ministro del Interior, José Barrionuevo, y puso sobre la mesa la sustitución de efectivos de las FSE por la Ertzaintza, una vieja aspiración del Ejecutivo autónomo para dar credibilidad al desarrollo del Estatuto y a la propia policía vasca, hasta ahora tutelada por el mismo número de comisarías y cuartelillos que cuando comenzó a implantarse en Euskadi, en el verano de 1984.

El consejero regresó a Vitoria convencido de que el proceso se ponía en marcha. Barrionuevo se había mostrado receptivo y había admitido la posibilidad de cerrar dos o tres instalaciones, con carácter simbólico. Retolaza sugirió los cuartelillos de la Guardia Civil de Tolosa, Legazpia y Oñati, en Guipúzcoa. Ambos interlocutores convinieron que sería la Junta de Seguridad del País Vasco, donde cada parte cuenta con una representación paritaria, la que establecería el plan técnico para la retirada.

Desde abril, la consejería aceleró las convocatorias de la Junta de Seguridad, a ritmo frenético. En tres meses se celebraron tres sesiones con la esperanza de que el ministerio presentara el plan. Pero nunca llegó. En julio, unas declaraciones del delegado del Gobierno central, Julen Elgorriaga, aseguraban que la presencia en Euskadi de las FSE podía aumentar si fuera necesario. Acabaron por romper la baraja.

El acuerdo unánime adoptado el pasado 16 de octubre en el Parlamento de Vitoria para que el Ejecutivo autónomo actualice en dos meses el plan de despliegue de la Ertzaintza y el Gobierno central elabore un proyecto de "sustitución progresiva" de las fuerzas del Estado no ha disipado los recelos. Los socialistas, aunque creen que se producirán progresos, siguen pensando que es imprescindible para poner en marcha el repliegue la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA. Y eso se mide en número de terroristas detenidos y de escondites de armas descubiertos.

Los responsables de la Consejería de Interior consideran demagógica tal argumentación. Arguyen que la policía vasca actúa ya contra todo tipo de delincuencia. "Aunque tenemos dificultades", reconoce un responable. "Cuando los atentados de ETA afectan a las FSE, que en Euskadi es el caso más frecuente, nuestra intervención es limitada. No vamos a ir a interrogar a los agentes de un cuartel de la Guardia Civil bombardeado. Sería ridículo. Y ellos tampoco nos pasan los atestados".

Trabajar sin ordenador

Sin embargo, en los casos de secuestro, "la Ertzaintza se ha movilizado más que cualquier otra policía, y con eficacia porque las FSE han liberado a una persona y nosotros a otra", según la consejería, "y eso les consta a los gobernadores civiles". La lucha antiterrorista es información, subrayan los mandos de la policía vasca, y a la Ertzaintza se le niega hasta el acceso al ordenador de Madrid, donde están registradas las matrículas de los automóviles.

"Tendrán información cuando participen en las Juntas Provinciales de Seguridad", anuncian los hombres del ministerio. "No iremos nunca", replican en la consejería, "porque la Ertzaintza quedaría a las órdenes de los gobernadores civiles y eso es contrario al Estatuto. El órgano estatutario de coordinación es la Junta de Seguridad del País Vasco".

Los hombres de Retolaza están convencidos de que existen muy poderosas presiones políticas para que el proceso de sustitución no se inicie. Sin policía, los gobernadores civiles perderían gran parte de su poder actual y la presencia del Estado se difuminaría en la comunidad autónoma, algo que causa pánico en Madrid, aseguran.

Sospecha por sospecha, los socialistas vascos susurran que el obstáculo para que la Ertzaintza llegue al cuerpo a cuerpo con ETA es un pacto de no agresión establecido en los orígenes del nuevo cuerpo policial. Hay algo cierto. El que fuera director general de la Ertzaintza, Genaro García Andoáin, condecorado a título póstumo por la Guardia Civil, alardeaba en conversaciones privadas de haber fraguado en persona el pacto con la cúpula de ETA, con la que mantenía por cuenta del Gobierno vasco contactos exploratorios frecuentes.

Según García Andoáin, los roces que se pudieran producir serían considerados accidentes. Txomin Iturbe, el líder indiscutible de ETA, declaró a propósito de la Ertzaintza antes de su muerte en Argelia: "Ésos no son nuestros enemigos". Iturbe recordaba "con una pena tremenda" la muerte del propio García Andoáin en un tiroteo con un comando de ETA, durante el rescate de un industrial secuestrado, pero advertía: "Si vienen a por nosotros, nos defenderemos".

La preocupación en el entorno político de ETA es evidente. En los ambientes abertzales radicales los policías vascos son considerados cipayos, servidores de los ocupantes, ya desde ahora y por lo que pueda ocurrir. El abogado Iñaki Esnaola, dirigente de Herri Batasuna, recordaba hace pocos días la situación de hecho entre ETA y la Ertzaintza y evocaba el enfrentamiento civil que podría provocar su ruptura.

Supuesto pacto

La existencia de tal acuerdo es desmentida como "una ridiculez" por los hombres de Retolaza. "Nos habríamos cargado a la policía vasca con semejante cosa", afirman. Los rectores de la Ertzaintza tienen una explicación: "Ese supuesto pacto es lo que ETA quisiera. Otra cosa es que estemos muy satisfechos del reconocimiento del diálogo con ETA, que siempre hemos defendido, y de la próxima derogación de la ley antiterrorista, que hemos reivindicado y que facilitará nuestra actuación. El tiempo nos ha dado la razón".

La misma posición mantienen los portavoces sindicales de la